El rompecabezas presupuestario
Formular el proyecto de Presupuesto en la República Dominicana representa un intenso ejercicio de distribuir pocos panes entre demasiados comensales, pues contando con una presión tributaria equivalente al 14% del PIB (una de las más bajas de AL y el Caribe), con un gasto total de apenas 17.5% del PIB (el promedio en AL y el Caribe en 2013 fue de 21.9% del PIB), aun así se logran destinar recursos importantes a las líneas maestras del Gobierno y cerrar con un déficit relativamente bajo de 2.4% del PIB.
Los ingresos corrientes para la ejecución de 2015 ascienden a RD$449,443.0 millones (14.9% del PIB), un razonable 9.4% mayor que la estimación corregida para este 2014 ascendente a RD$411,338.6 (el estimado inicial fue RD$418,815.7 y va a ser menor a pesar de los ingresos extraordinarios por las ventas de dos telefónicas y otros más). De este ingreso total, el correspondiente a las recaudaciones tributarias estimadas ascenderá a RD$426,459.3 millones (14.1% del PIB). Cuando se suman las donaciones los ingresos totales ascienden a RD$455,433.4 millones.
El gasto total propuesto por el Poder Ejecutivo para el próximo año asciende a RD$529,316.1 millones (17.5% del PIB) y como los ingresos totales no pueden cubrir ese monto es necesario aumentar la deuda pública en RD$73,882.6 millones (2.44% del PIB), para llegar a un gasto menor que en este 2014 que re-estimado ascenderá al 18.1% del PIB.
Solamente las partidas dedicadas a educación (4.1% del PIB), salud (1.9% del PIB), intereses de la deuda pública (2.9% del PIB) y subsidio eléctrico (1.4% del PIB), totalizan el 10.3% del PIB. Si el gobierno se fuese a arropar hasta donde le dé la sabana, es decir con los ingresos totales (15.1% del PIB), resulta que apenas contaría con el 4.8% del PIB para justicia, orden público, ministerios, subsidios sociales, obras públicas, agropecuaria etc. Con ese nivel de ingresos no cabe dudas que representa una proeza presupuestaria poder dividir los panes restantes y además es inevitable acudir al endeudamiento (déficit).
Aun con todas esas limitaciones el Poder Ejecutivo ha sometido un proyecto de presupuesto que mantiene su compromiso con la educación, la salud, la seguridad ciudadana, que dedica el 47.7% del gasto a los servicios sociales y aun así mantiene un proceso de reducción del déficit llevándolo de un estimado para este año de RD$77,709 millones (2.8% del PIB) a RD$73,882 millones (2.4% del PIB) y tiene como meta lograr un superávit primario (ingresos menos gastos sin incluir intereses de la deuda) por un monto de RD$14,134 millones, resultado que no se da desde 2007 donde no hubo déficit fiscal porque la presión tributaria ascendió al 17% del PIB.
Por supuesto, el almuerzo no es gratis, y ese nivel de déficit equivale a incrementar la deuda pública en ese mismo monto, mientras las necesidades de financiamiento para el año próximo alcanzarán la suma de RD$175,500 millones para cubrir el déficit y la amortización de la deuda.
Obviamente que instituciones fundamentales y poderes del Estado son sacrificados en este proyecto de presupuesto y al respecto cabe citar al Poder Judicial cuyo presupuesto se mantiene igual que el pasado año, Ministerio de Agricultura con un aumento de apenas 40 millones, Ministerio de Salud con un aumento de apenas 3.3% e Interior y Policía con un incremento de apenas 2.9%, para solo citar algunos casos.
Este rompecabezas presupuestario no puede continuar, porque estamos limitando la capacidad del gobierno para invertir en infraestructuras (el gasto de capital es de apenas 2.6% del PIB), porque seguimos aumentando la deuda pública rozando los niveles de peligrosidad y porque no se están asignando los recursos necesarios para garantizar la seguridad ciudadanía con una policía mejor pagada y una justicia más eficiente.
Gobierno y sociedad civil, la verdadera no la vinculada a cierta facción opositora, deben sentarse en el marco del pacto fiscal y decidir que nación aspiramos y si estamos decididos a implementar la Estrategia de Desarrollo Nacional, que por cierto para 2015 planteaba como mínimo una presión tributaria equivalente al 16% del PIB.
