El Sistema Nacional de Inteligencia como arquitectura estatal y el rol de cada agencia: aclaraciones necesarias para el debate ciudadano
Juan Manuel Morel Pérez
Recientemente, en el Observatorio de Seguridad, Defensa y Geopolítica RD —uno de los principales centros de pensamiento temático del país— se desarrolló un debate sobre si en la República Dominicana se produce inteligencia como tal, cuál es el rol de las diferentes agencias en esa área y si los departamentos de inteligencia deben operar identificados en operativos. Esta entrega busca esclarecer conceptos fundamentales para fortalecer el conocimiento ciudadano, pues con frecuencia se confunde la labor de inteligencia con la investigación de hechos o con la figura del espía al estilo James Bond. No es así.
La inteligencia no investiga, sino que analiza, anticipa escenarios, reduce incertidumbre y permite la toma de decisiones informadas. Es, en principio, una actividad propia del Estado, que en el caso dominicano se ejerce a través del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), conformado por órganos que obtienen, procesan y analizan información para la seguridad, defensa y gobernabilidad del país. Su misión es generar insumos útiles para políticas públicas, planes operacionales y decisiones estratégicas orientadas a la protección de los intereses nacionales, la estabilidad del Estado y la convivencia pacífica.
El SNI se organiza en subsistemas especializados que responden a distintos tipos de amenazas. El subsistema estratégico está liderado por el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), órgano rector que produce inteligencia de alto nivel para la planificación estatal, evaluación de riesgos geopolíticos, económicos y diplomáticos, y coordinación internacional; además, lo integran los departamentos de inteligencia de la Contraloría General de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. Aunque legalmente el DNI, cabeza de este subsistema, ha estado vinculado a las Fuerzas Armadas, ha asumido un rol central en la articulación de la Comunidad Nacional de Inteligencia. Su marco legal, sin embargo, requiere actualización, pues responde a un contexto político superado desde 1978.
El subsistema militar, regulado por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13), está coordinado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa (J2), que articula los departamentos de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y demás cuerpos dependientes. Este subsistema se enfoca en la defensa nacional, vigilancia estratégica, monitoreo de capacidades extranjeras y apoyo a operaciones militares.
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El subsistema criminal o delictual está articulado por el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), la Dirección General de Aduanas y unidades especializadas de la Policía Nacional. Su función es generar inteligencia útil para investigaciones, operativos y acciones preventivas, especialmente en delitos transnacionales, narcotráfico y disturbios sociales.
La articulación entre estos subsistemas ocurre en un espacio de coordinación interinstitucional donde las agencias comparten información, evalúan amenazas y ejecutan operaciones conjuntas. En seguridad nacional, se enseña que inteligencia no es recopilar datos, sino convertirlos en insumos útiles para resolver problemas específicos. Por ejemplo, la DINTEL recopila información para generar inteligencia que permita combatir la delincuencia y asegurar la paz social. Cuestionar su papel dentro del sistema es ignorar su origen y función estratégica.
Para el ejercicio funcional de todas las agencias, el desarrollo de inteligencia operativa es indispensable. No basta con producir análisis estratégicos; se requiere capacidad para ejecutar acciones concretas, rápidas y coordinadas en el terreno. La inteligencia operativa vincula lo estratégico con lo táctico, traduce la planificación en acción y permite respuestas eficaces ante amenazas inmediatas. Su desarrollo exige formación especializada, interoperabilidad entre agencias, protocolos claros y una cultura de análisis continuo, siempre regida por principios éticos y un accionar legítimo.
Por eso no debe sorprender ver miembros de agencias como la DNCD, DINTEL, J-2, M-2 o el Departamento de Inteligencia Migratoria participando directamente en acciones operativas. Esta práctica no es exclusiva de la República Dominicana, sino que responde a una lógica común en los sistemas de inteligencia modernos. En países del primer mundo, las agencias también desarrollan capacidades operativas para ejecutar misiones tácticas, encubiertas o de respuesta inmediata. La CIA en Estados Unidos cuenta con un Directorate of Operations especializado en acciones encubiertas; el Mossad en Israel es reconocido por sus operaciones de campo de alto riesgo; el MI6 en Reino Unido ejecuta inteligencia humana internacional; y el FSB en Rusia combina análisis estratégico con despliegue operativo interno. Estas unidades no se limitan a recopilar información, sino que traducen el análisis en acción, anticipan amenazas, desarticulan redes criminales, protegen infraestructuras críticas y ejecutan operaciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.
La República Dominicana necesita consolidar su sistema de inteligencia como una arquitectura operativa, democrática y ética. Esto implica avanzar hacia una Ley Orgánica del Sistema Nacional de Inteligencia, como establece el artículo 261 de la Constitución; fortalecer los subsistemas existentes; desarrollar inteligencia operativa en todas las agencias y vincular la inteligencia con la defensa de los derechos humanos. Pero, sobre todo, impulsar la educación y cultura en estos temas, tal como desde las Fuerzas Armadas se ha promovido la formación en derechos humanos, geopolítica, seguridad y defensa. Solo así la inteligencia dejará de ser una práctica fragmentada, reactiva y mitificada, para convertirse en una herramienta estratégica al servicio del bien común.
