Energía nuclear para la República Dominicana

El pasado 10 de junio de 2025, el Banco Mundial anunció su apoyo a la financiación de proyectos relacionados con la energía nuclear, necesaria para promover el empleo y la energía limpia en favor de un planeta habitable para todos, cumpliendo así con la misión del organismo. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2025 la energía nuclear genera aproximadamente el 10 % de la electricidad mundial y el 25 % de la producción global baja en carbono, siendo la segunda fuente más importante después de la hidroeléctrica. Con 417 reactores en operación en 31 países y 61 en construcción, su alcance global continúa expandiéndose. Entre los compromisos internacionales más recientes se destaca la declaración de la COP28 sobre “Triplicar la Energía Nuclear”, cuyo objetivo es triplicar la capacidad nuclear mundial hacia mediados de siglo, reflejando un consenso renovado sobre su papel en el desarrollo sostenible.

Actualmente, la mayoría de los reactores en funcionamiento pertenecen a la Generación II, mientras que los nuevos diseños en construcción son de Generación III y III+. También se destacan los Pequeños Reactores Modulares (SMR, por sus siglas en inglés), unidades compactas de nueva generación que van de 1 a 600 MW y prometen mayor seguridad, menores costos y flexibilidad para su instalación en redes eléctricas más pequeñas. Aunque se espera que los SMR alcancen madurez comercial recién en la década de 2030, la inversión y la regulación avanzan con rapidez, impulsadas por su potencial para la descarbonización industrial, el suministro energético remoto y la integración en economías en desarrollo.

De igual manera, el Banco Mundial enfatiza la necesidad crítica de contar con una preparación institucional integral antes de adoptar la energía nuclear. Basándose en el Enfoque por Hitos del OIEA, se identifican 19 áreas clave de infraestructura que los países deben desarrollar, incluyendo los marcos regulatorios, la seguridad nuclear, la gestión de desechos radiactivos y la participación de las partes interesadas. Asimismo, se detallan las convenciones y normas internacionales que rigen la operación de reactores, la disposición de residuos y la preparación ante emergencias. Una gobernanza efectiva y el cumplimiento de las normas globales son esenciales para mitigar riesgos como la proliferación, el terrorismo, los accidentes o el manejo inadecuado de residuos, tal como lo demostraron Chernóbil y Fukushima.

El desarrollo nuclear implica costos iniciales y de largo plazo significativos. El Banco Mundial estima que establecer un programa nuclear nacional puede requerir hasta US$ 500 millones y 7 700 años-persona de esfuerzo, mientras que la construcción de plantas a gran escala puede superar los US$ 20,000 millones. El financiamiento sigue siendo un desafío, especialmente para los países de ingresos bajos y medios como la República Dominicana, debido a los largos períodos de recuperación, los costos de desmantelamiento y las obligaciones de gestión de residuos. Para hacer viables los proyectos nucleares se necesitan modelos financieros innovadores, como asociaciones de tipo Build-Own-Operate (BOO), empresas conjuntas y préstamos intergubernamentales, que permitan equilibrar la sostenibilidad fiscal con la viabilidad energética.

En definitiva, la energía nuclear puede convertirse en un pilar central de una matriz energética baja en carbono si se abordan los desafíos de seguridad, financiamiento y confianza pública. Para las economías emergentes, la integración nuclear requiere no solo preparación técnica, sino también compromiso político, gobernanza transparente y cooperación internacional. Las tecnologías avanzadas, como los SMR y los combustibles de uranio poco enriquecido de alta densidad (HALEU), pueden ampliar el acceso y la eficiencia, aunque su despliegue global dependerá de una regulación sólida y de cadenas de suministro diversificadas. En este nuevo contexto internacional de apoyo a la energía nuclear por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, es menester que los países de ingresos bajos y medios, como la República Dominicana —que enfrentan serios desafíos en el sector energético—, se sienten con los organismos multilaterales para buscar soluciones óptimas que permitan adoptar la energía nuclear.

Por su parte, organismos como el Banco Mundial podrían facilitar la creación de un “colegio regulatorio” regional. Esta plataforma permitiría la formación conjunta de inspectores, auditorías coordinadas de proveedores y ejercicios compartidos de respuesta ante emergencias. También podría albergar instalaciones regionales temporales —como sitios de almacenamiento interino de desechos o simuladores de capacitación—, ayudando a los países nuevos a acelerar la creación de capacidades institucionales y a reducir los costos fijos asociados al lanzamiento de programas nucleares pioneros.

Asimismo, el Banco Mundial podría estructurar el financiamiento inicial en función de hitos verificables de preparación nuclear. Los desembolsos se vincularían a indicadores clave de desempeño (KPI) confirmados de forma independiente, como la promulgación de leyes de responsabilidad nuclear, la dotación y certificación de autoridades regulatorias o los indicadores de estabilidad de la red eléctrica. Los instrumentos financieros incluirían cláusulas de “pausa o ajuste” que se activarían ante retrocesos en materia de transparencia, seguridad o salvaguardias, garantizando así una gobernanza responsable y adaptable durante todo el proceso de desarrollo.

Finalmente, para mitigar los riesgos soberanos y operativos en las etapas iniciales, el Banco podría establecer un marco financiero mixto que combine cobertura de responsabilidad para los operadores con instrumentos innovadores, como el reaseguro paramétrico o los bonos catastróficos. Estos podrían vincularse a mecanismos de adquisición rápida previamente acordados para suministros de emergencia —tabletas de yodo, dosímetros o unidades móviles de monitoreo radiológico—, asegurando la capacidad de respuesta inmediata. En conjunto, estos instrumentos complementarían el marco internacional 3S+L (seguridad, protección, salvaguardias y responsabilidad) y reducirían la exposición soberana al riesgo durante la fase de aprendizaje en la adopción de energía nuclear.

Sin duda, ha llegado la hora de que la República Dominicana asuma esta tecnología limpia, no solo para garantizar un suministro eléctrico confiable y una sostenibilidad fiscal responsable, sino también para asegurar el desarrollo sostenido de nuestra economía a largo plazo.