Entre la ley y el plomo

Por Gabriel del Gotto

Rafael Guzmán Fermín, exjefe de la Policía y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, salió a atacar a Faride Raful, ministra de Interior y Policía. El país recuerda quién habla: los medios lo apodaron “El Cirujano”, mencionado una y otra vez por la prensa en los llamados “intercambios de disparos”. En República Dominicana el uniforme no hace política. Lo dicen la Constitución y la ley. Con ese historial, cuesta reconocerle autoridad para dar lecciones de seguridad.

Los “intercambios” injustificados son repugnantes. Hablamos de vidas, no de notas de prensa. La fuerza pública debe actuar con legalidad, proporcionalidad y debido proceso. Y casi siempre esos “intercambios” golpean a los más vulnerables: vidas sin padrinos ni micrófono. Eso también es violencia de Estado y debe investigarse y, cuando toque, repararse. La autoridad no se gana exhibiendo cadáveres; se gana protegiendo la vida y sometiendo a la justicia a quien delinque.

El debate real es el modelo: seguridad con ley, no con plomo. El libreto de “El Cirujano” fue bala, comunicado y silencio. Eso es teatro, no política pública. La República que estamos construyendo exige método, prevención, coordinación, trazabilidad y cuentas claras. El país no necesita sheriffs: necesita Estado.

Interior y Policía coordina a la Policía, regula armas, ordena el territorio, disciplina, previene y mide. Faride aplica: patrullaje inteligente, control real de armas, persecución focalizada, prevención con recursos y sanción a los excesos. La tasa se mide igual desde hace años y la Procuraduría guarda la serie; cada lunes se revisan los indicadores con el Presidente. Hay más patrullaje, cámaras corporales, destacamentos modernizados y denuncias digitalizadas. No cambió la vara: cambiaron los resultados. ¿Dudas? Publiquen la serie completa y una auditoría independiente.

La neutralidad de la fuerza pública no es cortesía, es mandato: Fuerzas Armadas y Policía obedientes al poder civil, apartidistas y no deliberantes. Esa barrera evita que el monopolio de la fuerza se convierta en arma electoral. Con el uniforme no se hace proselitismo y, una vez colgado, no se usa la autoridad de ayer como garrote político hoy.

Volvamos al punto: “El Cirujano” no es actor neutro. La prensa lo retrata como protagonista de años donde los “intercambios” parecían método. Ese historial no habilita para dictar cátedra. La conversación seria sobre seguridad no vuelve al atajo: confundir mano dura con licencia para atropellar.

A Faride Raful se le exige y se le mide por resultados dentro de la ley; por eso molestan los avances que desmontan la nostalgia del “solo así funciona”. Un país con memoria no compra clases de seguridad al jefe de los “intercambios”. El dilema no es Faride sí o Faride no: es Estado de derecho o espectáculo de plomo. Se le exige aplicar la ley y rendir cuentas; lo demás es bulla.

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