Otro espaldarazo a la democracia dominicana

La democracia dominicana ha alcanzado en los últimos años una reputación internacional que pocas veces había disfrutado. Ese prestigio no es casual: responde a transformaciones institucionales que han fortalecido la transparencia, el equilibrio de poderes y el respeto a las libertades públicas.

Y ese prestigio redunda en favor de las inversiones, turismo y da otros beneficios importantes que contribuyen al bienestar general del pueblo dominicano.

Uno de los factores que explica este reconocimiento es la capacidad del país para celebrar elecciones generales limpias y creíbles. Desde 2020 la República Dominicana cuenta con una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral integrados por autoridades apartidistas, que no responden a los intereses del partido de gobierno, sino al mandato de la ley y al consenso del sistema político. Ello ha permitido procesos electorales sin cuestionamientos de legitimidad, algo que no siempre fue la norma en nuestra historia reciente.

En ese mismo sentido, las actuales autoridades electorales han evitado intervenir en la vida interna de los partidos políticos para favorecer a determinados sectores o aliados del poder. Se trata de un contraste evidente con etapas anteriores en las que decisiones judiciales electorales fueron señaladas por inclinarse reiteradamente contra fuerzas opositoras, entre ellas el entonces opositor Partido Revolucionario Moderno.

Otro cambio relevante ha sido la consolidación de un Ministerio Público con mayor independencia. Desde 2020 la institución ha estado encabezada por profesionales con trayectoria en el ámbito judicial, que no actúan como comisarios políticos del gobierno de turno. Ese cambio ha redundado en los conocidos altos niveles de seguridad jurídica existentes en nuestro país.

Ese rasgo marca una diferencia respecto a períodos en los que el Ministerio Público era percibido como una extensión del poder político, particularmente durante las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana y sectores que hoy convergen en la Fuerza del Pueblo.

El clima democrático también se ha reflejado en la relación entre el poder político y los medios de comunicación. El actual gobierno ha mantenido una relación de respeto institucional con periodistas y medios, evitando prácticas de control o subordinación que en el pasado fueron objeto de críticas. No es un secreto que durante etapas anteriores se denunció el reclutamiento de comunicadores al servicio de estrategias propagandísticas gubernamentales, destinadas a moldear la percepción pública de la gestión, esos fueron los conocidos como las famosas "bocinas".

A ello se suma el fenómeno reciente de campañas de desinformación impulsadas desde determinados entornos digitales, donde algunos llamados influencers difundieron falsedades o ataques contra figuras públicas. Varias de esas acciones han terminado en los tribunales, con retractaciones públicas y procesos judiciales derivados de la difusión de noticias falsas o testimonios infundados.

Detrás de muchos de esos episodios subyace la intensa competencia política y las impenitentes aspiraciones de liderazgo de figuras del pasado, que buscan reposicionarse en el escenario nacional. Sin embargo, más allá de esas tensiones propias de toda democracia, lo importante es que hoy las instituciones ofrecen mayores garantías para el ejercicio libre y responsable de la comunicación social.

Es relevante establecer, como se observa, que no sólo los gobiernos intervienen en las distorsiones del más adecuado clima de libertad de prensa: también fuerzas políticas o económicas y sociales pueden hacerlo.

En cambio, el presidente Abinader y su gobierno se han caracterizado por mantener una respetuosa conversación con la sociedad, que da lugar al fecundo escenario de respeto a las libertades y derechos, a la estabilidad política y social que prestigian a nuestro pueblo.

Ese contexto explica que organismos internacionales hayan reconocido los avances del país. Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó a la República Dominicana el Índice de Chapultepec, un indicador que evalúa el estado de la libertad de prensa en las Américas. Este reconocimiento constituye un nuevo espaldarazo a la democracia dominicana y a los esfuerzos institucionales por consolidar un ambiente de libertades públicas, pluralismo informativo y respeto al ejercicio del periodismo.

En tiempos en que la desinformación y la polarización amenazan la convivencia democrática en muchas latitudes, que la República Dominicana sea destacada por su clima de libertad de prensa es, sin duda, una señal alentadora. Y también un recordatorio de que esos avances deben preservarse y profundizarse como patrimonio de toda la sociedad.