Reflexión
Ética del acomodo
Cada vez que un acto de corrupción es detectado en el gobierno, se valida el argumento de una oposición amante de apostar a la memoria corta.

Palacio Nacional
La reputación de un partido y la valoración ética de una gestión gubernamental producen dividendos electorales que comprometen con un desempeño acorde con el discurso y potencialidad de sanción en la sociedad. Por eso, cada día, el ojo cívico posee un valor especial por su capacidad descalificadora. Y en el terreno de los hechos, burlar el sentido de compromiso con las políticas de adecentamiento sirve de colchón de la insatisfacción popular.
Por eso el discurso moralizante de algunos sectores apela al instrumentalismo politiquero con la intención de capitalizar simpatías y, de paso, pretende convertir a los impugnados de ayer en impugnadores de hoy. Irónicamente, el factor que habilita el descrédito reside en la fascinación por igualarlos. La intención consiste en construir la falsa concepción de “todos somos iguales”, fuente restauradora de opciones proselitistas alentadas por un rápido olvido y calco de inconductas administrativas.
Cada vez que un acto de corrupción es detectado en el gobierno, se valida el argumento de una oposición amante de apostar a la memoria corta. De ahí las olímpicas intentonas de impugnación que resultan cuesta arriba en la coyuntura actual, con un Ministerio Público orientado por incumbentes sin militancia partidaria. Porque no es que no existan actos de corrupción, sino que la formalidad de una voluntad sancionadora realmente independiente marca la diferencia en el orden práctico.
No es lo mismo Jean Alain Rodríguez que las magistradas Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso. De ahí, una ética del acomodo en labios de políticos con pleno derecho de cuestionar las acciones oficiales, acompañada del lamento de que en sus gestiones no colocaron las piezas institucionales necesarias para sentar las bases de una etapa en la que el órgano persecutor no estuviera contaminado por activistas partidarios.
La retórica de la decencia y la transparencia en gestión pública, necesaria para el modelo democrático, no puede ser conducida por quienes apuestan al derrumbe y descrédito orientado por posibilidades electorales. Desconocer logros y avances validados por el BID, la Cepal y el Banco Mundial en áreas como empleo, crecimiento, control de la inflación, reducción de pobreza, desarrollo tecnológico, descenso en índices de criminalidad y control migratorio, expresan la concepción trágica de un liderazgo anclado en las lógicas del pasado. Y si el debate público no presenta argumentos nuevos sino que repite viejas prácticas, no avanzamos como nación.