Muerto ahorita: ¿Quién le pone el cascabel al gato?

La muerte de Deivy Carlos Abreu en Santiago, a manos de una turba de motoristas, no puede convertirse en un video más para el morbo ni en una indignación pasajera de redes sociales. Quisiera pensar que este lamentable hecho, que incluyó la persecución mortal, en plena vía pública, de un conductor de un camión recolector de basura, marcará un antes y un después en la forma en que el Estado dominicano enfrenta el caos de los motores. Y es que vivimos en un país donde “muerto ahorita”, como se les dice a los motoristas imprudentes, dejó de ser una exageración para convertirse en una posibilidad cotidiana. En República Dominicana hay más de 3 millones de motocicletas registradas, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Es, por mucho, el medio de transporte más numeroso del país, superando el 60 % del parque vehicular nacional. No es casualidad, entonces, que también sea protagonista de la mayoría de los accidentes de tránsito. Informes del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) y del Intrant han advertido que más del 60 % de las muertes por accidentes de tránsito involucran motocicletas. La Oficina Nacional de Estadística (ONE) eleva esa cifra hasta un 70 %. En períodos de alta movilidad, como Semana Santa y Navidad, esa proporción aumenta. Y, sin embargo, las autoridades siguen, timoratas, mirando hacia otro lado. Aquí se ha impuesto una lógica peligrosa: la del laissez-faire, laissez-passer —dejar hacer, dejar pasar—, aplicada no por convicción ideológica, sino por cálculo político. Regular a los motoristas implica un costo. Implica enfrentarse a un sector numeroso, organizado informalmente y con capacidad de presión social. Y entonces, el Estado cede. Se hace de la vista gorda. Y el caos se institucionaliza.

Mientras tanto, la ciudadanía vive en un estado de miedo y alerta permanente. Los peatones no tienen paz; ni siquiera pueden caminar tranquilos por la acera, porque los motoristas se suben a ella como si fuera una extensión de la calle. Al salir, los conductores se persignan con la esperanza de que ningún motorista decida —en una maniobra imprudente— lanzárseles encima. Y es que, en este país, andar por la ley es una total desventaja. Como dice Pablo McKinney, pertenecemos al “club de los pendejos”: los que respetan las normas y terminan perdiendo. Pero sería un error —y una injusticia— caer en la estigmatización. No todos los motoristas son irresponsables. Hay miles de hombres y mujeres que se ganan la vida dignamente en un motor, que sostienen a sus familias y que trabajan jornadas extenuantes bajo el sol y la lluvia. Este no es un problema de prejuicio social. Es un problema de orden público, de políticas públicas y de voluntad política. Hace falta algo más básico —y más difícil—: decisión. Decisión para asumir el problema sin populismo electoral y con base en evidencia. Si el Estado dominicano usara la data de manera inteligente —como debería—, este sería un tema prioritario de seguridad nacional. Decisión para organizar el tránsito con medidas concretas, como carriles exclusivos para motores en las principales avenidas, tal como en su momento se intentó con los ciclistas. No es una idea descabellada, es gestión del riesgo. Decisión para fiscalizar de verdad: licencias obligatorias y verificables, uso real del casco y sanciones efectivas por violaciones, sin impunidad ante el incumplimiento de las leyes de tránsito. No operativos mediáticos de un día, sino una política sostenida. Decisión para formalizar el sector: registro, identificación visible e integración a plataformas reguladas. Si son mayoría en el parque vehicular, no pueden seguir siendo invisibles en la planificación. Y decisión, también, para apostar por una educación vial estructural, no como campaña esporádica, sino como política pública permanente.

El caso de Deivy Carlos Abreu debería obligarnos a tomar decisiones incómodas. A salir del piloto automático. A entender que este desorden nos está costando vidas. Pero tal vez estoy pidiendo peras al olmo, porque otra de las tragedias más grandes de este país es la abundancia de políticos pensando siempre en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones.