Qué se dice
Rectificación
Muchos habrán perdido ya la cuenta de las ocasiones en que el Gobierno ha dado marcha atrás a medidas y decisiones que han recibido cuestionamientos desde distintos sectores de la vida nacional

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Rectificación.- Muchos habrán perdido ya la cuenta de las ocasiones en que el Gobierno ha dado marcha atrás a medidas y decisiones que han recibido cuestionamientos desde distintos sectores de la vida nacional, lo que la oposición, siempre con el dedo en el gatillo para disparar sus críticas, considera una muestra de incompetencia e improvisación, pero lo cierto es que en la mayoría de las veces han sido rectificaciones oportunas que han evitado males mayores, que es lo que importa al final de las cuentas. Ha vuelto a suceder con la licitación convocada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) para la adquisición de cien camiones compactadores de basura, que luego de ser cuestionada por al menos seis concesionarios de vehículos fue suspendida por el gobierno para revisar el pliego de condiciones.
En un comunicado enviado a los medios el MAPRE informó que tomó la decisión acorde con las recomendaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y las observaciones recibidas en busca de fortalecer la transparencia, la libre competencia y la eficiencia del proceso. Quienes cuestionaron el proceso de adquisición de esos camiones compactadores no han dicho esta boca es mía al momento de redactar esta columna, pero hay que suponer que estarán complacidos y preparándose para cumplir las nuevas condiciones, que entre otras modificaciones amplió el plazo formal de la primera entrega a 45 días calendario. Esos cambios y ajustes no deberían impedir que el gobierno cumpla, como señaló el MAPRE en su comunicado, con su responsabilidad de responder “a la urgencia nacional de mejorar la gestión de residuos sólidos y proteger la salud pública”. Pero que sea urgente atender esa necesidad nacional no obliga a que se haga de manera atropellada, mucho menos si se trata de recursos que aportamos los contribuyentes, que tenemos el derecho, aunque nunca lo hayamos ejercido a plenitud, de saber en qué se gasta o se invierte cada centavo.