República Dominicana: balance de 25 años y desafíos del próximo cuarto de siglo

Al iniciar el siglo XXI, el balance económico y social de la República Dominicana en su primer cuarto de siglo ofrece claves para la reflexión pública. Los avances son evidentes y merecen ser reconocidos, pero conviven con rezagos estructurales que siguen condicionando nuestro futuro. Comprender lo logrado, asumir lo pendiente y anticipar los desafíos no es un ejercicio académico: es una necesidad política y social para definir el rumbo del país en los próximos 25 años.

Desde el punto de vista económico, la trayectoria ha sido notable. En apenas un cuarto de siglo, la República Dominicana logró cerrar la brecha histórica que la separaba del promedio de América Latina y el Caribe en producto interno bruto (PIB) per cápita. Mientras en el año 2000 nuestro PIB per cápita era alrededor de un 40 % inferior al promedio regional, para 2024 pasó a situarse ligeramente por encima, en torno a un 2 %. Este desempeño sostenido se reflejó también en avances sociales importantes: la pobreza monetaria se redujo a la mitad, la subalimentación cayó de 19.7 % a 3.6 %, y el analfabetismo en la población de 15 años y más descendió de 12.7 % a 5.6 %.

Sin embargo, estos logros coexisten con desigualdades persistentes que limitan el bienestar y erosionan la cohesión social. El crecimiento económico no siempre se ha traducido en mejoras proporcionales en áreas fundamentales como la salud, la educación, la vivienda o el acceso a servicios básicos. La mortalidad materna continúa entre las más elevadas de América Latina y el Caribe, al igual que la mortalidad infantil, y la esperanza de vida apenas ha aumentado tres años en los últimos 25 años. Estos indicadores revelan una verdad incómoda: crecer es necesario, pero no ha sido suficiente para garantizar mejoras sostenidas en la calidad de vida de toda la población.

A esta brecha se suma una oportunidad que el país no ha sabido aprovechar plenamente: el bono demográfico. A pesar de contar con una población relativamente joven, la República Dominicana no logró transformar esta ventaja potencial en un motor efectivo de desarrollo. Durante los últimos 25 años, cerca del 20 % de los jóvenes entre 15 y 24 años ni estudia ni trabaja, una proporción que se ha mantenido prácticamente inalterada. Esta realidad pone en evidencia debilidades estructurales del sistema educativo, fallas en la transición al mercado laboral y una limitada capacidad del Estado para generar oportunidades reales de movilidad social.

Este primer cuarto de siglo también dejó aprendizajes relevantes. La experiencia de crisis externas, como la pandemia de la Covid-19, mostró con claridad que proteger a los más vulnerables no es solo un imperativo ético, sino una condición indispensable para la estabilidad social y económica. También confirmó que la mejor respuesta frente a amenazas externas —económicas, sanitarias o climáticas— es la preparación anticipada. Ello exige continuidad en las buenas políticas públicas, aun cuando sus resultados no sean inmediatos, y demanda una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos.

De cara a los próximos 25 años, todo indica que la República Dominicana mantendrá su trayectoria de crecimiento. El desafío central será asegurar que ese crecimiento sea sostenible y se traduzca en mejores condiciones de vida, menor desigualdad y mayor resiliencia frente a un contexto internacional cada vez más incierto. La crisis ambiental, los choques climáticos, la reconfiguración geopolítica y el avance acelerado de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas marcarán el entorno en el que el país deberá desenvolverse.

En este escenario, uno de los mayores retos estratégicos del país es el fortalecimiento de la institucionalidad. Sin instituciones sólidas no hay desarrollo sostenible. Es imprescindible mejorar la confianza ciudadana, elevar la calidad de la democracia, promover una mayor participación social, garantizar mayor eficiencia, efectividad y transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer el respeto a la ley y la sanción ante el incumplimiento. Esta es una tarea central para sentar los cimientos del próximo cuarto de siglo.

Asumir este desafío implica rescatar la Estrategia Nacional de Desarrollo, actualizarla incorporando las nuevas tendencias hacia 2030 y comenzar desde ahora a construir una nueva hoja de ruta clara hacia 2050. Avanzar como país en los próximos 25 años requerirá mayor esfuerzo colectivo, acuerdos amplios y una visión compartida del futuro.