República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

La reciente decisión del Gobierno dominicano de vetar la participación de Nicaragua, Venezuela y Cuba en la próxima Cumbre de las Américas ha desatado una tormenta política y diplomática que, sin duda, dejará huellas en la imagen internacional del país. La postura asumida por la Cancillería, encabezada por Roberto Álvarez, se percibe como un alineamiento automático a los intereses de Estados Unidos, más que como una decisión basada en una lectura estratégica de la coyuntura regional.

La exclusión de estos tres países no solo generó incomodidad en el continente, sino que ya produjo consecuencias directas: los presidentes de México y Colombia anunciaron que no asistirán al encuentro en solidaridad con las naciones vetadas. Una decisión previsible para cualquier diplomático con sentido de equilibrio, prudencia y lectura regional.

Entiendo que la jugada dominicana tuvo su cálculo: un intercambio tácito para asegurar el respaldo estadounidense a la intervención internacional en Haití dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero el costo de esa maniobra ha sido demasiado alto. República Dominicana pudo haber defendido su interés nacional sin comprometer su credibilidad en el continente. Se trata, en definitiva, de una mala administración de los tiempos y los símbolos.

La diplomacia dominicana debió prever el efecto dominó que este veto generaría. Roberto Álvarez, un canciller de trayectoria y reconocido perfil internacional, debió actuar con mayor astucia y prudencia. No se trata solo de quién está o no invitado a la cumbre, sino de cómo el país proyecta su autonomía y capacidad de equilibrio ante los grandes centros de poder. En política exterior, los gestos cuentan tanto como las decisiones.

El único elemento que podría amortiguar el impacto de este impasse sería la posible visita de Donald Trump a República Dominicana, algo histórico al ser la primera vez que un presidente estadounidense en funciones pise la isla. Sin embargo, ni siquiera un hecho de esa magnitud borraría el mal sabor que deja en la región la imagen de un país que parece servir dócilmente los intereses de Washington, aun en detrimento del consenso latinoamericano.

La historia reciente demuestra que otros gobiernos dominicanos —sin importar su signo político— han sabido mantener relaciones pragmáticas con Estados Unidos sin sacrificar la dignidad nacional ni romper el diálogo con América Latina. La República Dominicana puede y debe ser un puente, no una bisagra.

Las cumbres de las Américas nacieron para unir y dialogar, no para excluir y dividir. La solución a esta crisis no pasa por rectificaciones públicas ni por discursos justificativos. Pasa por retomar la esencia de la diplomacia dominicana: mediadora, inteligente y abierta al consenso. En lugar de apostar por vetos impuestos, debimos promover un espacio de conversación constructiva, donde incluso los más cuestionados puedan ser escuchados bajo el principio de la soberanía y la cooperación hemisférica.

Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. El liderazgo regional no se gana obedeciendo, sino demostrando independencia y visión. En un continente que clama por unidad, la República Dominicana no puede darse el lujo de ser recordada como el país que optó por dividir cuando debía tender puentes.

El veto dominicano en la Cumbre de las Américas parece revivir los viejos ecos de la Doctrina Monroey del Destino Manifiesto, teorías que justificaron la hegemonía estadounidense sobre el continente bajo el disfraz de la protección hemisférica. En contraste, la Carta de Jamaica de 1815 y el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, impulsados por Simón Bolívar, defendían la integración latinoamericana y la autonomía de los pueblos frente a toda injerencia extranjera. Al alinearse sin matices con la agenda de Washington y vetar a tres países hermanos, el gobierno dominicano se aleja de aquel ideal bolivariano de unidad y soberanía regional, para ubicarse del lado de una lógica subordinada que recuerda más al tutelaje que a la diplomacia.