Siempre he pensado que el que en este país ataca a tiros a una patrulla de la Policía Nacional está loco de remate o simplemente se quiere morir, y por eso me parece una explicación muy débil y poco creíble para justificar los intercambios de disparos en los que caen abatidos tantos reconocidos delincuentes, a los que ya no habrá que demostrarles su culpabilidad en un juicio oral, público y contradictorio.

Es por esa razón que los organismos internacionales de derechos humanos los califican, con tono de condena, como ejecuciones extrajudiciales, lo que no ha logrado impedir que sigan siendo una herramienta fundamental en la lucha contra la delincuencia (64 ciudadanos han muerto en enfrentamientos con agentes policiales desde el 1 de enero hasta el 2 de noviembre de este año según cálculos de Diario Libre), sobre todo aquella que por el amplio prontuario que acumula y su nivel de reincidencia amerita métodos más drásticos para sacarla de las calles.

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¿Se mantendrán los intercambios de disparos en la “nueva” Policía que nos traerá la reforma del cuerpo del orden emprendida por el gobierno? Es esa una pregunta interesante a la que, estoy seguro, muchos de mis lectores responderían afirmativamente, pues resulta difícil creer que vayan a cambiar ciertas formas de actuar de la Policía sin reemplazar a los miembros de esa institución, desde rasos hasta generales, que durante décadas han construido con su comportamiento una “cultura” que han internalizado hasta hacerla parte de sí mismos y de lo que son.

No estoy diciendo aquí que eso no va a cambiar nunca y que no vale la pena lo que se está haciendo, pero está claro que los intercambios de disparos o ejecuciones extrajudiciales son ilegales y por lo tanto inaceptables, por lo que deben ser eliminados como “método” para enfrentar la delincuencia. Ahí tiene la reforma policial otro gran desafío que ojalá pueda superar, pues son una vergüenza para la Policía y una afrenta para el Estado de derecho y la democracia.