El movimiento cívico Participación Ciudadana condenó hoy el uso «desmedido» de los recursos del Estado en favor del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, así como el nombramiento como coordinadores de los altos funcionarios del gobierno en período previo a la celebración de las primarias de esa organización.

Durante la presentación esta noche del informe del Programa de Observación Electoral 2020, el cual se desarrolla en el marco de nuestro 26 aniversario de la entidad no partidista, el director ejecutivo Carlos Pimentel dijo que la Junta Central Electoral (JCE) tiene como desafío frenar esa práctica.

«La compra de votos fue aceptada por el propio Presidente de la Junta Central Electoral, pero nada se hizo al respecto y ni siquiera se había entrenado a la Policía Electoral para actuar en casos de delitos flagrante», citó Pimentel, quien además lamentó que al cierre del informe esa organización no conozca el gasto en que incurrieron los precandidatos y sus partidos en las primarias.

Señaló, además, que la pre campaña continúa siendo desigual, tras indicar que la «enorme» diferencia de recursos en la publicidad y comunicación política entre el PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue palpable en la radio, televisión, periódicos y redes sociales”

“El proselitismo político a destiempo fue notorio. La Junta Central Electoral optó por establecer un período que no se encontraba establecido en la Ley de Partidos” acotó.

De igual forma, indicó que la JCE debe establecer responsabilidades por las innumerables violaciones a las leyes y reglamentos en el reciente proceso de las elecciones primarias y que cree los mecanismos para que no se repitan, buscando acuerdos con los partidos y candidatos para adecentar las prácticas y el discurso electoral. Eso incluye frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista.

En ese sentido, llamó al liderazgo nacional, político, económico, social y religioso a «concertar unos cuantos puntos en los que debemos avanzar con miras a las elecciones del 2020”. “Nuestro país se lo merece, nuestra democracia lo exige y podemos hacerlo podemos adecentar la práctica política”. dijo.

Resumimos a continuación los principales retos que enfrenta la JCE de cara al futuro:

La Junta Central Electoral está en el deber de establecer responsabilidades por las innumerables violaciones a las leyes y reglamentos, crear los mecanismos para que no vuelvan a suceder y llegar a un acuerdo con los candidatos y partidos para adecentar las prácticas y el discurso electoral. Es imprescindible recuperar la confianza en que toda violación será castigada con todos los mecanismos disponibles y sin distinción.
La JCE tiene frente a sí el desafío, difícil pero posible con voluntad y determinación, de frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista, incluyendo el nombramiento como coordinadores a los más altos funcionarios públicos. Si no hace esto no podrá garantizar unas elecciones ni siquiera mínimamente democráticas y equitativas.
La JCE debe crear una campaña de educación ciudadana referida al comercio de votos, tanto dirigida a la clase política como a los ciudadanos y ciudadanas.
Dados los cuestionamientos, fundamentados o no, que se han hecho al sistema de voto automatizado, primero la JCE debe buscar desde ya el consenso para su posible utilización el próximo año y, de ser aprobado, revertir la desconfianza creada con las auditorias necesarias, seleccionadas en un proceso totalmente transparente y con una empresa confiable para todas las partes.
La JCE debe aplicar desde ya las normas que prohíben las campañas a destiempo, pero para que esto sea efectivo y justo, debe limitar la propaganda gubernamental que, disfrazada de imparcial, desde ya pregona que hay que seguir la oferta oficial para garantizar el progreso del país.
La JCE no puede posponer más la elaboración y puesta en vigencia de los reglamentos que faltan, especialmente los referentes a la propaganda y el de registro de contribuyentes, así como comenzar a aplicar el reglamento de control financiero de los partidos y candidatos.
Los informes de ingresos y gastos de la precampaña que ya deben entregar todos los que participaron en las primarias deben ser publicados y sometidos por la misma JCE a un análisis minucioso que determine ocultamientos u omisiones, incluyendo las fuentes de financiamiento.
Los informes de gastos de los partidos correspondientes al 2019 que serán entregados al principio del próximo año deben ser exigidos con el formato y la plataforma establecida y también ser sometidos a análisis exhaustivos con el objetivo de hacer cumplir la Ley.
Participación Ciudadana espera que la JCE haga cumplir la paridad de género de un mínimo de 40% y la cuota de un 10% de la juventud. Con respecto a la paridad de género esperamos que la JCE de prioridad a las mujeres que participaron en las primarias y si todavía faltare para completar el 40%, se tome de las posiciones reservadas a la alta dirigencia partidaria.
En cuanto a la población envejeciente y con discapacidad, su suerte no puede ser dejada a la buena voluntad de ciudadanos que hacen el favor de subirlos y bajarlos en brazos a la gran cantidad de mesas que están ubicadas en pisos altos o no tienen facilidades de acceso. La JCE está en la obligación de tomarlos en cuenta, respetar su dignidad y facilitarles la participación.
La JCE tiene el deber y la oportunidad de aplicar las sanciones correspondientes a las firmas encuestadoras que violaron la Ley en el proceso de primarias, sobre todo con la cancelación del registro para poder realizar encuestas electorales.
Finalmente, Participación Ciudadana apela a la buena voluntad, el patriotismo y el compromiso con el país. Hace un llamado al liderazgo nacional, político, económico, social y religioso, a concertar unos cuantos puntos en los que debemos avanzar con miras a las elecciones del próximo año.