Javier Herrera 
Cuando Tomasina Tolentino de Mckenzie, la secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) manifestó que tenía derecho a inhibirse del caso (que está bajo investigación) contra el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, no sólo motivó sus razones, sino que detalló el porqué de la decisión.
Tolentino de Mckenzie puntualizó en su solicitud de inhibición, dirigida a las más altas autoridades de dicho órgano fiscalizador del Estado, que una de las razones principales es evita caer en una «falsa interpretación de un conflicto de intereses», ya que, en el año 2015 era directora de Planificación y Desarrollo de Hacienda y estaba jerárquicamente bajo el mando del exministro Guerrero.
Las motivaciones estuvieron basadas en el artículo 69 de la Constitución de la República sobre la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, en la Ley 107-13, que tiene que ver con los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de manera puntual en el artículo 3, sobre los Principios de Actuación Administrativa, que incluye, entre otros: Principio de buena fe; Principio de coherencia; Principio de Ética y Principio del debido proceso.
«Es oportuno establecer que, el Principio de imparcialidad exige que la posición de la Administración frente al (los) administrativo (s) sea análoga, evitando inclinaciones debido a circunstancias ajenas a su función…», puntualizó la funcionaria. Y añadió: «(La imparcialidad) debe apreciarse desde el punto de vista del funcionario. Allí nace la figura de la inhibición como la abstención voluntaria del titular a los miembros del órgano que ha de actuar».
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Se recuerda que Donald Guerrero es señalado de beneficiarse del erario junto a más de 200 personas físicas y jurídicas, un supuesto entramado que representó beneficios de más de RD$17,000 millones.
Mckenzie fue la que denunció «arbitrariedades» en la Cámara de Cuentas
En febrero de 2022 al presidente de la CCRD, Janel Andrés Ramírez, le recordaron quién representa la máxima autoridad de ese organismo, el cual, supuestamente, ha aseverado en varias ocasiones que es «el jefe de todo el mundo» en dicho entidad fiscalizadora.
La queja la presentó Tolentino de Mckenzie, la cual, mediante una carta dirigida a Ramírez, le solicitó respeto y consideración como miembro del Pleno.
«Me permitiré recordarle lo que establece el artículo 18 de la Ley 10-04: … La máxima autoridad de la Cámara de Cuentas es el Pleno, integrado por todos sus miembros, cuya dirección permanente estará a cargo del presidente de la entidad». Adicionalmente, el artículo 13 indica: «Bufete directivo…», estableció Mckenzie en su misiva firmada el 23 de febrero del 2022.
