Los nuevos tiempos han demostrado que la transformación digital y los cambios de paradigma no son exclusivos de un grupo de empresas. Todo lo contrario, la democratización de las herramientas digitales ha permitido que grandes y pequeños incorporen nuevas prácticas de digitalización en sus modelos de negocios.

La facturación electrónica no es ajena a esta realidad. Todo lo contrario. Es cada vez más vigente y elocuente, y es un cambio que se traduce en beneficios tanto para la empresa contribuyente – indistintamente de su tamaño- como para el Estado, porque moderniza y optimiza el proceso.

En la República Dominicana la cuenta regresiva para que la implementación de la facturación electrónica sea obligatoria. A partir del 2023, las empresas, de manera paulatina, tendrán que ir adoptando la norma de facturación electrónica de manera obligatoria. Actualmente, las autoridades reguladoras motivan a las empresas a cambiar sus modelos de facturación de manera voluntaria, a través de incentivos y herramientas gratuitas. Es así como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha puesto a disposición el Facturador Gratuito de Facturación Electrónica que permite emitir y recibir e-CF (comprobantes fiscales electrónicos) operando desde un computador con servicios de internet, en aras de facilitar el proceso.

“La facturación electrónica es una buena noticia que debemos acoger todas las empresas: grandes, medianas, pequeñas y micro. Es normal y natural que en un país competitivo, con metas de desarrollo económico como en la República Dominicana, se aspire a una comunicación en línea, instantánea y sin papel entre las empresas y la DGII. Esto hace que el proceso de información sea más eficiente y que los contribuyentes ahorren en recursos y tiempo”, destaca Gina Lovatón, vicepresidenta de Voxel Caribe, el primer proveedor certificado por la DGII para emitir comprobantes fiscales electrónicos.

Los beneficios de la facturación electrónica tras la norma 01-2020 que regula la emisión del comprobante fiscal electrónico e-CF son: tener la documentación en la nube y no tener que enviarla ni guardarla en espacio físico, las empresas eliminan las impresoras fiscales y el envío de datos en los formularios a la autoridad reguladora; el ahorro en costos de mensajería y material gastable es considerable; se disminuyen los errores y, en consecuencia, las facturas rectificativas; así como se reduce el tiempo de envío de las facturas. “A todo esto, se le suma la inmediatez del proceso y la eficiencia del equipo administrativo, ya que todos los documentos están en orden con la aceptación de la DGII, lo que disipa que a futuro puedan tener penalidades”, resalta Lovatón.

De acuerdo con el anteproyecto de ley, que debe ser aprobado por el Legislativo para que la facturación electrónica sea una obligatoriedad, los contribuyentes clasificados como MIPYMES por la Ley núm. 187-17, que hayan sido autorizados a emitir e-CF en el periodo de voluntariedad, “les será otorgado un incentivo pecuniario consistente en un certificado de crédito fiscal, que podrá ser imputado en cualesquiera de las siguientes obligaciones tributarias del mismo ejercicio fiscal: Anticipos del Impuesto sobre la Renta, ITBIS operacional, Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre los Activos.” Esta misma iniciativa legislativa establece que, a partir del 2023, las empresas, de manera paulatina, tendrán que ir adoptando la norma de facturación electrónica de manera obligatoria.