La degradación del empleo público provoca que el rufianismo político asuma como regla inquebrantable la de transferir lealtad partidaria por acceso a la nómina estatal. Lamentablemente, no evolucionamos en la dirección de entender que los ciudadanos no ceden sus convicciones ni ideas sobre temas esenciales por aparecer en el registro de cualquier entidad gubernamental.

Hace años, la partidocracia creyó que los triunfos hacían del presupuesto jurisdicción exclusiva de los activistas. Por eso, aunque la lógica de las organizaciones impulsa las competencias internas, muchos se anclan en la empleomanía para construir posibilidades políticas. Y de costumbre, confunden presupuesto con liderazgo.

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Ningún político esencial crece en la estima ciudadana, seducido por la clásica valoración de que todos sus correligionarios tienen la garantía de espacios en el tren oficial como resultado de los triunfos. Soy, he sido y seré un defensor de la retribución efectiva al trabajo partidario y aspiro de manera efectiva en validar los esfuerzos de los que se fajan y lo entregan todo. No obstante, el interés de acceso al empleo debe combinarse con méritos distantes de consideraciones exclusivistas y discriminatorias. Al activista también se le compensa con el gesto solidario, la consideración y el desarrollo de políticas públicas tendentes a incluirlos.

Lo aberrante e inexplicable es hacer del empleado un prisionero de los criterios partidarios pautados por los detentadores del poder. Volver por los senderos de obligarlos a asistir a manifestaciones oficiales y generar represalias ante cualquier gesto de discrepancias con posturas irrespetuosas de su legítimo derecho a optar por los criterios que consideren, reflejan la escasa cultura democrática. Y de terrible interpretación, el practicarlo desde una gestión partidaria llamada a romper con prácticas impropias de la civilización y de una instancia organizativa surgida para negar actos autoritarios.

Cuando dirigentes de un partido en el poder, desde diversos puntos del país, presionan los compañeros bajo el pretexto de obligatoriedad a llenar guaguas y cerrar filas con determinadas causas, la señal es fatal. Además, se reiteran en tal comportamiento porque encuentran un ambiente favorable en mandos, llamados a negar esa aberración, pero exhiben un silencio que induce a un nivel de presión impensable en pleno siglo 21.

La libertad de pensar y decidir opciones políticas representa la prueba por excelencia de toda sociedad democrática. Qué penoso que algunos crean que la nueva política es una postura simulada y no un auténtico compromiso en tolerar y respetar el derecho de los que piensan diferentes.