Cuando el estudio realizado por el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD) revela que un 63 por ciento de la población siente que su voz no es escuchada y un 53 por ciento reacciona con irritación por un trato desigual desde algunas esferas institucionales, las cifras retratan reglas invertidas, con mayor énfasis en el terreno de la justicia, al considerar que excepcionalmente toca segmentos considerados inalcanzables.

Aunque precedentes demuestran la posibilidad de que dichos segmentos lleguen a ser procesados, la sociedad acumula una dosis de indignación social, cada vez que exponentes de la clase política, empresarial y figuras del estrellato deportivo, permanecen al margen de la ley.

Con abogados diestros, una estructura mediática bien aceitada y conexiones subterráneas, el retardo es la regla.

El resto, reducido al desbordamiento ético de poca monta, sienten todo el peso de la ley.

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Desde que Danilo Medina salió del Gobierno, Donald Guerrero es materia pendiente para las autoridades de la Procuraduría General de la República.

Documentos, datos, rastros y operaciones financieras, que los prejuicios políticos de cualquier naturaleza no podrán derrumbar la presunción de inocencia.

Ahora bien, más allá de lo estrictamente jurídico, su caso retrata un tinglado de ventajas económicas asociadas al jet set y rostros «opositores» que en el terreno de los hechos resultaron beneficiados de las clásicas conchupancias, terriblemente dañinas al sistema democrático.

Someter a Donald Guerrero provocará un desenlace en esferas aterradas porque sus indelicadezas sean conocidas.

Ahí radica el interés de boicotearlo todo, activar los circuitos de mensajería de cúpulas políticas que mal piensan que, el cambio era para otros, y la licencia para mantenerse sobreviviendo en ventajas indignas.

Vamos, hasta el final, sin importar los nombres. ¡Gracias a Dios, nada está oculto bajo el sol!