La Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo ratificó las condenas de 20, 15 y 10 años de prisión dictadas en contra del ex titular de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), dos ex fiscales y varios ex miembros de la Policía, acusados de la sustracción de 950 kilogramos de cocaína que habían confiscaron durante un operativo en el año 2014, y que no reportaron ante los organismos correspondientes.

El tribunal confirmó la sentencia de 20 años de prisión dictada al ex director general de la DICAN, coronel Carlos Fernández Valerio; al ex mayor de la Policía Luciano Gómez Cabrera, y al ex fiscal Máximo Antonio Díaz Ogando, en tanto que al ex sargento Pedro José Almánzar González, una sentencia de 15 años de prisión.

Asimismo, ratificó una sentencia de 10 años de prisión al exjefe de Operaciones de la DICAN, el ex coronel Félix Humberto Paulino López, al ex primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, al cabo Agapito Muñoz Evangelista y al ex fiscal Ramón Augusto Veras Castro.

El Ministerio Público indicó que el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo condenó al grupo en primera instancia en el mes de septiembre del año 2016, tras declararlo culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la categoría de traficante y varios artículos del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos.

Se recuerda que los condenados ocuparon la droga durante un allanamiento realizado en el residencial Michel, del ensanche Isabelita II, el 27 de septiembre del año 2014, y no la reportaron ni en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ni en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El Ministerio Público expresó que pese a que en este caso no se encontró la droga, se logró que los acusados fueran condenados y que ahora a más de tres años de haber iniciado el proceso se lograra la ratificación de dicha sentencia.

Señaló que con la ratificación de esta sentencia se «fortalece» tanto el régimen de consecuencias respecto al delito, así como la lucha contra el flagelo del narcotráfico en el país.