Esa política debe incorporar a los segmentos más vulnerables de la población ante los crecientes daños que está provocando el cambio climático

La Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar) presentó un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que plantea la necesidad de que en el país se establezca una política integral de mitigación de riesgos que incorpore a los segmentos más vulnerables de la población ante los crecientes daños que está provocando el cambio climático.

La penetración de los seguros inclusivos ha sido impulsada principalmente por las instituciones de microfinanciamiento, que buscan oportunidades para ofrecer soluciones de seguros a sus clientes de crédito con el fin de generar valor añadido y mayor fidelidad.

El presidente de Cadoar, Franklin Glass, al participar en el Encuentro Económico de HOY, explicó que el país tiene una población que nunca se ha asegurado y empieza a tener curiosidad para asegurarse.

Consideró que en el país hace falta una política nacional de mitigación de riesgos en que el Estado, hacedor de políticas públicas, juegue un papel fundamental.

Expresó que existen zonas del país que son más expuestas a sufrir inundaciones por crecidas de ríos o deslizamientos de tierra.

Recordó que el huracán Fiona, que pasó por el Este del país en septiembre del 2022, dejó pérdidas por US$375 millones, de los cuales el sector asegurador pagó US$120 millones, debido a que afectó a una zona que tiene un alto incide de aseguramiento.

Señala que varias aseguradoras ofrecen productos para el mercado de bajos ingresos, pero sólo una aseguradora tiene como principal mercado objetivo el segmento de bajos ingresos.

La situación geográfica del país lo expone a una amplia gama de riesgos naturales. Ocupa el puesto 40 de 193 países en cuanto a vulnerabilidad a los riesgos de catástrofe.

Entre 1980 y 2022, 74 grandes desastres de origen natural afectaron a 7,22 millones de personas, más de dos tercios de la población del país.

Resalta que las inundaciones han impactado a más personas en el país ana que cualquier otro peligro natural, afectando a 4.36 millones de personas entre 1980 y 2022 como resultado de 29 grandes desastres por inundaciones.

Indicó que el Estado no asegura sus infraestucturas, lo que incluye carreteras, puentes y edificaciones.
Puso como ejemplo que la carretera de Samaná siempre ha estado asegurada, por lo cual se hacen labores de mantenimiento, pero las demás carreteras y los puentes del país carecen de seguro.

“Es el momento de abocarnos a un plan de mitigación de riesgos. Cada vez que el Estado sale a construir infraestructura, pero no se asegura”, dijo.

Explicó que, fruto del cambio climático, la playa de Las Terrenas, en Samaná, ha ido perdiendo terreno, debido a que el nivel de mar va subiendo y erosiona la costa, lo que ha afectado también la carretera.

Señaló que recientemente ocurrió un tornado en Montecristi que causó daños a la agricultura y resaltó que el sector agrícola, pese a su importancia, tiene bajo aseguramiento.

Glass destacó que el sector asegurador tiene proyectado que en noviembre de este año ocurra otra inundación en el Distrito Nacional.

Recordó que el nivel de lluvia de los últimos dos noviembres no se había registrado en el último siglo en el país.