Durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, la Procuraduría General de la República suscribió convenios de trabajo con cuatro abogados para una asesoría legal «gratuita», que concluirá el 31 de diciembre de 2023, y si decidieran terminar los contratos antes, tendrían que pagar 20 millones de pesos a cada uno de los juristas.

Los contratos fueron firmados 17 de marzo del 2020, por José Leonardo Martínez Hoepelman, Julio Miguel (Julio Cury), Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano Peña.

Esta información fue revelada por periodistas de Acento que tuvieron acceso a los documentos. “Los contratos, que fueron suscritos por separado por los cuatro juristas tienen las mismas bases y, en nombre de la Procuraduría General de la República, firmó el abogado notario público Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en fecha 17 de marzo del año 2020”, asegura el medio de comunicación.

Desde que se hizo pública la información, el abogado Eduardo Jorge Prats, informó que no tiene objeción a que se rescinda inmediata su contrato.

“Declaro formal y expresamente, con todas sus consecuencias legales, que no tengo ninguna objeción a que se rescinda inmediata y unilateralmente, sin indemnización alguna, mi contrato honorífico, porque no obligo a mis representados a que retengan mis servicios contra su voluntad”, posteó en su cuenta de Twitter.

Mientras, que Julio Cury explicó por qué el contrato tiene una cláusula penal y por qué dura hasta el 2023.

“¿Para qué la cláusula penal? Para prevenir la revocación arbitraria del mandato ad-litem otorgado, con la consecuente merma o perjuicio reputacional, lo cual no es en absoluto extraño a los contratos de cuota-litis o de representación que suscriben los abogados”, explicó.

Sobre la duración dijo: el Consejo Superior del Ministerio Público estimó con probabilidad que antes de ese año el Tribunal Superior Administrativo no habrá decidido el RCA que originó la contratación.

A continuación la reacción de José Martinez Hoepelman:

A los Honorables miembros del Ministerio Público y a la opinión pública nacional:

Tener que dedicar mi tiempo a responder una “filtración” mal intencionada de un esfuerzo por contribuir con una institución en la que creo y seguiré creyendo como eje fundamental de la persecución de las sanciones de las inconductas que tanto nos afectan como sociedad.

Es sinceramente vergonzoso, que lo que debe convertirse en motivo de satisfacción se convierta en circo para conseguir “a la mala” lo que tanto criticaban los que hoy filtran, a modo de cuestionamiento, una contribución desinteresada.

¿De qué se trata? Pues de un recurso interpuesto en marzo del 2020, por un grupo de fiscales quienes pretenden con “derecho” nombrar abogados para defender al Consejo del Ministerio Público de la acción que ellos mismos impulsaron en el Tribunal Superior Administrativo, es decir controlar la acción judicial como demandantes y demandados, algo así como acusarme y defenderme yo mismo.

Algunos de esos fiscales son de los favorecidos hoy con las designaciones por decreto o decisión de la Procuradora General en la actual gestión.

Lo anterior no es contrario a que por ser una representación de forma honorifica, pues se pidiera con decencia y buenas formas que se pretendía tener una representación distinta y “más cercana”. A lo que jamás habría presentado objeción, pero aprendí hace poco de voz de la Honorable Procuradora General de la Republica que las personas no tratan a uno como uno es, sino como ellos son.

No costaba nada levantar el teléfono e invitarme a conversar sobre el tema para que el mismo quedara zanjado de forma definitiva y sin mayores traumas para ninguna de las partes, pues el objetivo principal de la colaboración hoy cuestionada es aportar como siempre lo hemos hecho, y jamás constituirnos en una retranca o carga para la nación que tanto amo.

Finalmente recomiendo firmemente enfocar los esfuerzos institucionales en perseguir y castigar a los que se han robado el dinero el pueblo en el pasado, en el presente y puedan hacerlo en el futuro, y dejar de cazar fantasmas; pues la expectativa de satisfacción de la sed de justicia del pueblo es tan grande que ameritará de todo el esfuerzo posible, contrario imperio para los que han contribuido y lo seguirán haciendo desde donde la vida y el destino nos lleve a construir el sueño de Duarte de una República Dominicana donde estemos obligados a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil, e individual así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

No es necesario en la búsqueda de justicia del pueblo atropellar y vulnerar derechos, pues con ellos se deslegitima.

Aún lastimado puedo decirles honorables Magistrados que pueden contar conmigo, pues mi interés sobrepasa la personalización de los conflictos y jamás me convertiré en escollo para solidificar la institucionalidad, pero tengan en cuenta no lastimar honras ganadas en base al trabajo diario y mediante el ejercicio digno de la abogacía al igual que la de ustedes.