El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, atribuyó a una falta de protocolos el incidente ocurrido el pasado lunes en el Recinto Penitenciario de Azua, donde un reo murió y resultó herido el director de la cárcel, Coronel Ricardo Bidó.
Hernández Basilio puntualizó que, previo a la entrada de un reo a la oficina de un gestor carcelario, deben agotarse un sinnúmero de procesos. Aseguró que el hecho está siendo investigado por el Ministerio Público para esclarecerlo y reveló que el reo Deiby Ramírez (Yembron) ingresó a la oficina del coronel Bidó, encargado de seguridad del recinto, con un arma, y al advertirlo, se produjo un forcejeo entre ambos.
«Ahí evidencia que hubo una falla en el protocolo. A partir de este hecho, el coronel al parecer intenta quitarle el arma y se produce el forcejeo, donde se dan dos disparos, siendo el primer herido el coronel», puntualizó Hernández al ser entrevistado en el Programa El Rumbo de la Mañana.
Agregó que, tras lo sucedido, un equipo de negociadores de alto nivel se trasladó en helicópteros y tardó más de dos horas intentando convencer al recluso de liberar al coronel Bidó, que continuaba secuestrado, concluyendo en la ejecución del interno ante su negativa.
Rafael Basilio Hernández resaltó que se trató de un proceso de negociación para salvaguardar la vida del interno y del coronel, pero que los agentes de alto nivel involucrados en la persuasión del secuestrador se vieron en la necesidad de usar la fuerza.
Indicó que la ley 113-01 es el nuevo marco jurídico en el reglamento de centros penitenciarios del país, unificando el sistema penitenciario a los preceptos del llamado «Nuevo modelo penitenciario».
Hernández afirmó que el nuevo modelo no se limita a que cada privado de libertad tenga una cama o que esté pintada de azul, sino que busca integrar varios aspectos: estructura física, procesos y protocolos para beneficio de la reinserción.
El militar de profesión reveló que es en la reforma constitucional del año 2010 donde se le da un enfoque distinto al sistema, teniendo como prioridad reformar a los individuos de cara a la reinserción carcelaria.
En referencia a los antisociales que delinquen, Hernández indicó: «No es solo apartarlo de la sociedad, es que el Estado está obligado a reformarlo y devolverlo a la sociedad en condiciones en las que pueda convivir».
Al ser cuestionado sobre la sobrepoblación carcelaria en la República Dominicana, el funcionario indicó que el nivel de hacinamiento de los centros del país es del 162 por ciento y afirmó que actualmente un gran porcentaje de los presos continúa durmiendo en el suelo.
Hernández Basilio aseguró que los centros pendientes de entrega aportarán unas 9,500 nuevas celdas para privados de libertad, lo que disminuirá significativamente la sobrepoblación. El titular de Prisiones depositó la responsabilidad de la entrega de estas obras en el Ministerio de la Vivienda (MIVED), y explicó que la tardanza de los recintos en construcción, Las Parras en San Antonio de Guerra y Pedro Corto en San Juan de la Maguana, se debe a los nudos legales que surgieron tras los procesos de investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, afirmando que ya no existen.
«Si nosotros de aquí a 18 meses terminamos de conjurar esas obras, se va a disminuir el déficit y seremos el primer país en Latinoamérica que elimina la sobrepoblación penitenciaria», aseguró Roberto Hernández Peguero.