La conducta de los pueblos exhibe una enorme capacidad de resistencia que se quiebra de manera extrema en la medida que confunden su tolerancia con ser burlados eternamente. Y los procesos de ira se cargan sin advertir el impacto en todo el cuerpo social de la nación.

Cuando los ciudadanos hicieron de la Marcha Verde una expresión de indignación, habilitaron la posibilidad de que los partidos, esencialmente de la oposición, se subieran en el carro de la molestia cívica. Lo hacían o el proceso los dejaba solo como espectadores. Quiérase o no, el interés de la gente por los temas de transparencia representa una de las tantas contribuciones del esfuerzo que terminó sirviendo de vehículo del castigo electoral.

Sin importar el momento político, resulta válido que se ausculten los servidores públicos en el manejo del erario. Y no se debe reaccionar con petulancia. Por el contrario, ayuda a la causa partidaria la capacidad de respuesta frente al reclamo. Eso sí, con respeto y utilizando las vías jurídicas de lugar, necesitamos estructurar una cultura de la rendición de cuentas, distante de las pasiones politiqueras y orientadas al uso correcto de los recursos públicos.

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Aquí, esencialmente por la fascinación de exhibir enriquecimiento y ascenso económico, se presume que una designación en el tren oficial representa la posibilidad de ingresar al exquisito circuito de la abundancia. Por eso, los ciudadanos asumen como desquite las sanciones y procesos llevados a cabo contra funcionarios muy amigo de lo ajeno.

Ya, resulta difícil recurrir a las clásicas maniobras fraudulentas. Un sistema financiero vigilante sumado al enorme poder de sanción ciudadana, no evita por completo las conductas indebidas, pero genera una situación de dificultad al potencial corrupto.

La actual coyuntura electoral debe provocar una profunda reflexión hacia lo interno del partido y Gobierno. En esencia, si las causas del triunfo en 2020 se asociaron a la idea de que había que castigar la corruptela, tanto el ojo opositor como el del ciudadano común poseen una capacidad de penalizar las locuras administrativas. Y en el PRM debe construirse el sentido de conciencia de no parecernos a lo que decíamos estaba incorrecto.

Los ruidos en materia de escándalos dañan los anhelos de adecentamiento y terminan siendo el auxilio de sectores partidarios, altamente complacidos en vincular en el cerebro de la gente de que «todos son iguales». La idea de enriquecimiento en las narices de los ciudadanos no genera rentabilidad electoral. Quizás, en lejanas demarcaciones con un acento clientelar puedan sobrevivir esos exponentes. Ahora bien, cada día más se demuestra la capacidad de indignación. De ahí, lo saludable de un punto de no retorno. Aunque muchos crean que, en la actual coyuntura se torna una herramienta electoral, lo justo es insistir y castigarlos, impidiéndoles que terminen por dañar el modelo democrático.