El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinatrae) responsabilizó al Ministerio de Trabajo de “abandonar a su suerte” a más de 600 enfermeras de clínicas privadas de todo el país, quienes han sido suspendidas sin que la entidad estatal verificara la situación laboral de estos centros de salud, que “en ningún momento han cerrado sus servicios al público”.

El secretario de Sinatrae, Julio César García Cruceta, afirmó que las clínicas pretenden suspenderlas por dos meses más después de que se agotaran los tres que establece el Código de Trabajo como tiempo máximo para esta medida.

“Lo más grave del caso es que como el Gobierno estableció una ayuda social a los trabajadores de empresas temporalmente inhabilitadas durante la cuarentena, en el caso de las clínicas privadas las enfermeras suspendidas no han podido cobrar la ayuda del Gobierno porque no califican debido a que las clínicas permanecen abiertas”, aseveró el sindicalista.

Advirtió que someterán a la justicia a los dueños de clínicas que violen derechos laborales y que en la demanda se exigirá una indemnización por daños y perjuicio.
García Cruceta denunció que las clínicas “han hecho de la covid-19 un gran negocio, llegando a cobrar hasta un millón de pesos de depósito a pacientes no asegurados y discriminando a los pacientes asegurados de escasos recursos”.

Afectadas de covid-19. El sindicato también denunció que en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y la clínica Corominas se han contagiado de covid-19 más de 15 enfermeras porque, según el sindicato, las administraciones de estos establecimientos de salud las obliga a trabajar sin los equipos de bioseguridad adecuados.

El Sindicato Nacional de Enfermería estima que a nivel nacional unas 300 enfermeras de centros públicos y privados han contraído el virus desde que inició la crisis sanitaria.