Tras las huellas de la Inquisición en Santo Domingo

Es mucho lo que se ha especulado, y poco lo que se ha escrito, sobre la actuación en Santo Domingo, durante los tres largos siglos de dominio hispano, del Santo Oficio contra la Herética Pravedad y la Apostasía, un instrumento de control social, político y religioso, creado en 1480 mediante bula pontificia del célebre Alejandro VI (el valenciano Rodrigo de Borja), cuyo principal objetivo pasaba por la caracterización, persecución y sanción de las herejías. Se trata, además, y esto es importante recalcarlo, de la primera y acaso la única institución de todo el sistema dinástico-religioso que implementó, de manera homogénea, y en cada rincón del imperio, sus objetivos, estructuras y procedimientos. No es exagerado afirmar, pues, que la Inquisición se guiaba por una fanática razón de Estado.

Partiendo de dichas premisas, el apoyo de dicho aparato a la expansión ecuménica -y por ende al plan orgánico de conquista y colonización- se expresó en dos frentes: la defensa a ultranza del dogma y un seguimiento implacable y continuo a las desviaciones que intentasen atentar contra el orden feudal y tridentino de los Habsburgo. Al respecto, el jurista y letrado castellano Juan de Solórzano Pereira sostiene, en su Política Indiana, que “y así luego que se comenzaron a descubrir y poblar las Indias Occidentales, y a introducir y entablar en ellas el evangelio y culto divino, se encargó y cometió a sus primeros obispos por el cardenal de Toledo Inquisidor general, que procediesen en las causas de fe, que en sus distritos se ofreciesen, no solo por la autoridad ordinaria, que por su oficio y dignidad les compete, como a pastores de sus ovejas, sino también por la delegada de Inquisidores Apostólicos”.

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Dicho esto, es dable afirmar que el rigor con que la Inquisición implementó sus métodos contribuyó a que fuera estigmatizada por la intelligentsia protestante (inglesa, alemana y holandesa) y los rivales políticos y comerciales de España (ilustrados e ideólogos de la revolución francesa y ciudades-estado italianas, entre otros), quienes inflaron la cifra real de víctimas y se aplicaron a fondo en la construcción de la popular Leyenda Negra.

Más peculiar aún, no obstante, resulta el caso de las opiniones en contrario (Leyendas rosa y dorada), que recientemente, y desde la distancia, pretenden morigerar e incluso justificar las execrables acciones del tribunal, olvidando, a la luz del barniz con que pintan la cuestión, la ingente cantidad de víctimas “indirectas”, en referencia a las decenas de miles de personas detenidas u obligadas a tomar la ruta del exilio (abandonando bienes y familia) para evitar la conversión y escapar de la persecución. Por fortuna, figuras como la delación no contrastada, la tortura, la conversión forzosa, la confiscación de bienes y la falta de rigurosidad procesal obran en detrimento de esas posiciones tendenciosas del nacionalcatolicismo, reñidas con el análisis histórico y carentes del correspondiente respaldo documental.

Sostenida por una definida metodología de investigación, la documentación disponible sugiere que, durante los siglos formativos (XVI-XVII), las herejías más perseguidas en la Española fueron la brujería y la hechicería, la blasfemia, el criptojudaísmo y el luteranismo o calvinismo, fenomenología que se repitió más o menos con las mismas características en otros escenarios caribeños y continentales. El brazo persecutor actuó desde los prolegómenos mismos del momento del contacto, al punto de que es oportuno recordar, ahora, el caso de seis aborígenes que, por órdenes del cacique Guarionex, saquearon un oratorio fundado por Pané y guardado por los parientes de Juan Mateo (nombrado anteriormente Guaicabanú o Guaticaba, primer taíno en recibir el bautismo, el 21 de septiembre de 1496, día de San Mateo). Estos “intrusos”, protomártires de la intolerancia religiosa en el Nuevo Mundo, tomaron las imágenes sagradas, las tiraron, rompieron, cubrieron de tierra y les orinaron encima, dejando en su lugar un cemí. Enterado Bartolomé Colón, lugarteniente del virrey y gobernador interino, mandó que los responsables fueran procesados y quemados en la hoguera.

De otra parte, entre los múltiples reos de brujería, sobresalen María Hernández, condenada en 1532 por su condición de hechicera y alcahueta; Catalina Barba, encartada junto a la flamenca Jertu Corona, acusadas ambas de celebrar ritos y sacrificios; Alonso Suárez de Figueroa, procesado en 1549 por nigromante; Catalina Méndez, especialista en contrahechizos y suerte de naipes; Beatriz Dávalos, imputada por hechicera cerca de 1558, y quien inculpó a su vez a Cristóbal Camacho, tildándole como el peor brujo de todo el término de Santo Domingo, alegando además que preparaba polvos, dominaba el masecoral y tenía un demonio encantado y encadenado en una cueva, con el que hablaba a menudo.

Ya bajo jurisdicción del tribunal de Cartagena de Indias, instalado en 1610, fueron conocidos los casos de Ana María de Robles, oriunda de Santo Domingo enjuiciada en 1616, señalada por bruja y por asistir a las juntas o aquelarres; Isabel de Barrientos, de la misma naturaleza, a quien se acusó de efectuar el sortilegio del “vaso de agua con clara de huevo y la oración del Señor San Juan Bautista”; Luisa Domínguez, natural de santo Domingo, procesada también en 1616; Jusepa Ruiz, negra horra de Santo Domingo, apresada en 1621 y enjuiciada por hechicera en 1622; Bernarda Álvarez, mulata libre de la Española, perseguida en 1632 por sortílega y hechicera; Juana de Torres, natural de la Española, puesta en las cárceles secretas en 1653 y “sacada con una soga a la garganta y una vela en las manos… reprendida… y desterrada por dos años de dicha ciudad de Santo Domingo” y, finalmente, Ana Jiménez, natural de Santo Domingo, procesada por practicar adivinación, sortilegios y amatorios, usando yerbas y algunas oraciones santas.

Por lo que se refiere a la blasfemia, destacan los nombrados Juan de Soto acusado de tener “vn crucifixo debaxo de la cama que le dava de bofetadas”. Se le trasladó a Santo Domingo previo secuestro de sus bienes y hacienda y se le recluyó en la “carcel de la santa ynquisicion”; Pedro de Ibarra, denunciado en 1512 y Ana de Ribera, vecina y encomendera de Santiago de los Caballeros en 1514, quien se autodenunció, alegando haber incurrido en delito de blasfemia. Fue azotada, amordazada, paseada por las calles a lomos de un burro y se le propinaron 50 azotes.

En el apartado de los luteranos, figuran varios marineros de la última expedición de Richard Hawkins, apresados en 1594 en la Yaguana y juzgados a su vez por el tribunal limeño. Son ellos el flamenco Francisco Corniele, y los ingleses William Bries, Guillermo Li, Cristóbal Palar y John Toquer. De otra parte, el corsario inglés Tomas Arbee fue capturado en el puerto del Caimito, isla Española, junto a un extenso grupo de herejes compuesto por Guillermo Biener, Esteban Ceygos, Andrés Jacobo, Juan Juanes, Domingo Lorenzo, Juan Nicolás y Juan Serbas. De su lado, Thomas Cox, fue denunciado en Santo Domingo, en 1650, por fingir ser católico. Se le leyó la sentencia mientras sostenía en las manos una vela de cera verde encendida, oyendo misa de pie, tras lo cual se le ordenó que abjurase de sus errores y se le admitió a reconciliación. Remata la lista el niño Joseph del Rosario Domínguez, hijo del hereje calvinista inglés Alexander Smith, capturado en alta mar por una balandra corsaria y bautizado y reconciliado en la catedral de Santo Domingo en 1704.

Respecto de los judíos y conversos, un Hernando Alonso fue quemado en México en 1528 por haber “bautizado dos veces a un niño en [Puerto Real] Santo Domingo, una vez en el templo y otra en su casa. En la ceremonia privada Alonso, Palma y los invitados colocaron al niño en una palangana, vertieron vino sobre su cabeza, y el vino corrió por su cuerpo y cuando escurrió de sus genitales lo recogieron en una copa y lo bebieron los presentes mientras bailaban alrededor de la palangana y cantaban lo que los testigos llamaron canciones judías en especial Dominus Deus Israel Egipto”. Se sabe, además, por Deive, que había flagelado un crucifijo y que reconoció haber practicado ritos judíos. En otro orden, el portugués Tomé Rodríguez, condenado a muerte en 1594, ofreció, a cambio del perdón, descubrir documentos “para algunas personas de aquella ciudad, con algunas circunstancias que tocan a la fe”. A raíz de las pesquisas efectuadas, resultaron implicados los también portugueses Duarte Riveros, Manuel Cardoso, Juan Riveros y Simón de Herrera, denunciados por afirmar estar aguardando al Mesías y pelar “las gallinas un poco debajo la barba y las degollaban y dejaban desangrar. Y preguntandole por qué lo hacían le respondían que porque así lo usaban en su ley”. Años mas tarde, en 1601, el arzobispo de Santo Domingo, Agustín Dávila Padilla, informó haber admitido “a reconciliación [en la catedral] al doctor [Sebastián] Soto, medico, por cosas tocantes a la ley muerta de Moysen.” De igual modo, al negro Luis de Páez, residente en Santo Domingo se le acusó, a mediados del XVII, de “haber guardado la ley de Moisés” y de estar circuncidado. Por último, Manuel Álvarez Prieto, portugués, asentado en la “Cofradía de los judíos de Holanda” (nombre con que se conocía en el argot de los marranos a la Compañía Holandesa de Indias Occidentales) y aprehendido en 1642 tras naufragar en Santo Domingo, fue enviado al potro y sometido a tormento en 1646, muriendo por las inclemencias de la tortura. Lo curioso es que los inquisidores suspendieron el careo luego de siete vueltas de mancuerda con “protestacion que no le hauian por suficientemente atormentado”.

Por proposiciones heréticas fueron encausados, en 1558, Lázaro Bejarano y fray Diego Ramírez, a quienes se les calificaron 20 “proposiciones luteranas, heréticas y escandalosas y malsonantes” y se les acusó de leer libros prohibidos. De esa misma guisa, Álvaro de Cieza, “hombre lego” oriundo de la isla de Santo Domingo, juzgado en la década de 1560 por el provisor de Cuzco por proposiciones heréticas, había afirmado “que el Papa tenía poder para absolver a una persona, aunque muriese en pecado mortal, que se salvaba, y que mirase el Papa lo que hacía, y la culpa de aquél que absolvía caía sobre él”. Mientras que Francisco Enríquez de Heredia fue procesado en 1569 por proposiciones heréticas, por haber comido carne en Semana Santa y por haber llegado a las costas de la Española en un navío de herejes luteranos. De parte del estado clerical, se agregan fray Rodrigo Manrique, comisario y visitador del convento de San Francisco, condenado en 1569 por proposiciones heréticas y vestir hábito seglar durante una estadía en Francia; fray Francisco de Sotomayor, O.F.M., juzgado en 1569 por el arzobispo fray Andrés de Carvajal en funciones de inquisidor ordinario. Se le atribuyeron dos proposiciones heréticas y fue condenado a “pribaçion de la predicaçion por tiempo de seis años y perpetuo destierro desta isla”. Más adelante, en 1623, y por idénticos motivos fue apresado el portugués Luis Alcobia Quatrin, residente en La Yaguana.

Víctimas, también, de la Inquisición fueron Martín García, propietario de los hatos de Barreras y de Lima en el partido de Azua, así como de varias estancias, un ingenio y un trapiche. Fue perseguido por la inquisición, ordenándosele regresar a Sevilla a hacer vida maridable con su mujer. De igual modo, el almojarife Juan Fernández de las Varas, poseedor de una vivienda en la calle las Damas, en el solar que hoy alberga el Panteón Nacional, sufrió cárcel y confiscación de bienes antes de ser deportado. Arribó a la península en 1520 e ingresó, de inmediato, en el Castillo de Triana. A raíz de su proceso inquisitorial, el tándem conformado por los oficiales reales Dávila y Pasamonte remitió una carta al inquisidor general Tortosa, fechada a 12 de octubre de 1521, en la cual le acusaban de “haber cometido delitos graves contra la fe y la moral”.

Por solicitación, solo consta el caso de Juan de la Peña, natural de Palermo Sicilia, presbítero, del hábito franciscano, residente en el convento correspondiente de la ciudad de Santo Domingo, acusado en 1614.

Y, pese a que no se encuentran específicamente catalogados, dignos de mención son los procesos de Baltasar de Miranda, apresado en Santo Domingo en 1569, mientras intentaba llevar al Nuevo Reino (Colombia) algunos objetos para invocar al demonio; Alonso de las Casas, comisario del Orden de San Francisco, violó y profanó la clausura del convento de Santa Clara junto a un compañero nombrado fray Francisco Pizarro. La información fue levantada por el arzobispo “por vía de inquisición contra el dicho Casas en razón de que confesando a doña Isabel Peraza ofendía a Dios carnalmente con ella de que no hay poco escándalo en este pueblo.”

De igual modo, los libros eran sometidos al escrutinio del Santo Oficio para comprobar que las obras embarcadas no estuviesen reñidas con los preceptos cristianos, ni contenidas en el Índice de Libros Prohibidos. De acuerdo con las condiciones históricas de tiempo y espacio, la institución debía vigilar el cumplimiento de la ortodoxia religiosa e impedir –sobre todo en el Nuevo Mundo– la difusión de la heterodoxia (en la forma de «propaganda» protestante, potenciada por el impulso de la imprenta). En Sevilla se registraban las obras que iban a ser enviadas a América. Mientras que, en la otra orilla del Atlántico, esperaba un funcionario inquisitorial que revisaba cuantos libros e impresos ingresaban. Al respecto, una carta calzada con la firma del oidor Juan Martínez Tenorio, firmada el 16 de noviembre de 1618, solicitaba se nombrase un funcionario que asistiese al comisario del Santo Oficio con asiento en Santo Domingo, isla Española, en las labores de inspección de los navíos, buscando libros prohibidos bajo cubierta.

Resulta, a todas luces, evidente, que la Inquisición fue mucho más activa de lo que cualquiera podría pensar. En cualquier caso, somos de opinión de que se trata de una reputación labrada al calor del fanatismo religioso y ganada, por tanto, a puro pulso.