POR DIEGO PESQUEIRA
La Suprema Corte de Justicia declaró que es constitucional la ley 202-04 de Áreas Protegidas que aprobó el año pasado el Congreso Nacional, con lo que rechazó la demanda de inconstitucionalidad que había interpuesto un grupo de organizaciones ambientalistas.

Poco después de conocerse el fallo, el secretario de Medio Ambiente, Máx Puig, lamentó la decisión del tribunal que consideró será «de mucho dolor para la sociedad dominicana» porque entiende que afectará el futuro de todos.

Al rechazar el recurso de inconstitucionalidad la Suprema Corte consideró que la nueva legislación aumenta la superficie bajo protección, en lugar de disminuirla.

Con la nueva ley, explica la sentencia, el territorio nacional tendría 17 áreas protegidas, repartidas en 15 monumentos naturales con 341 kilómetros cuadrados (km2) y dos culturales con 91 km2, mientras que anteriormente existían doce monumentos naturales con una superficie de 323 km2.

Precisan los jueces que las áreas bajo protección aumentaron su superficie 33% al pasar de 323 km2 a 432km2.

El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Sectorial de Áreas Protegidas fue presentado en fecha 9 de agosto del 2004 por un grupo de organizaciones encabezadas por la Juventud Nacional Comprometida (JUNCO).

Inversionistas turísticos interesados en la explotación de áreas ubicadas dentro de las áreas bajo protección apoyaron la ley que aprobó el Congreso y así lo expusieron ante la Suprema Corte a través de sus abogados.

El pleno de la Suprema Corte sostiene que la ley atacada destina 20% del territorio nacional como área protegida, lo que afirmaron es superior a lo que hacen países como China, Perú, Francia y México. Agregan que China protege 6.2%, Francia 11%, Perú 2.7% y México 2.4%.

Esta situación, a juicio del alto tribunal, pone de manifiesto que proporcionalmente la República Dominicana asigna una mayor cobertura que los países antes citados en términos de áreas protegidas.

Agregan que desde esta óptica, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, de fecha 30 de julio, «no puede vulnerar las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Las apreciaciones de la Suprema Corte provocaron protestas entre grupos de defensores de los recursos naturales dominicanos que se encontraban en la sala de audiencia.

Los magistrados sostienen que la ley independientemente de la insuficiencia u omisiones de que pueda adolecer, cumple con los convenios internacionales.

PROCURADOR

El procurador Francisco Domínguez Brito había pedido que se declare inconstitucional la Ley Sectorial de Áreas Protegidas por entender que se violaron los artículos 3 en el 8 literal, el 5 y el 37 de la Constitución.

También, Domínguez Brito, planteó que viola disposiciones contenidas en convenciones internacionales, las cuales tienen rango Constitucional, entre las que citó la de Washington sobre Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Naturales de los países de América.

INDIGNADOS

Tan pronto el pleno de la Suprema Corte dio lectura al fallo, miembros de la Juventud Nacional Comprometida (JUNCO), calificaron como una aberración legal la decisión.

Ransés Féliz y Eduardo Risk, vicepresidente y tesorero de JUNCO, manifestaron que la decisión contraviene los más altos intereses del país y atenta enormemente contra el bienestar social de todos los dominicanos.

El recurso de inconstitucionalidad, dijeron, estuvo sustentado por más de 10,000 firmas entre ciudadanos y personas morales.

Expresó suspicacia ante las motivaciones detrás «de este tan controvertido fallo y esperamos contar con la condena de la sociedad dominicana sobre esta lamentable noticia».

Calificaron de irracionales los argumentos presentados por la Suprema para declarar conforme a la Constitución la Ley Sectorial de Áreas Protegidas.

MEDIO AMBIENTE

En unas declaraciones escritas, Puig, secretario de Medio Ambiente, advirtió que las áreas protegidas constituyen una riqueza que bien manejada contribuye a superar la pobreza, pero que «en cambio, su destrucción nos llevará a profundizar el panorama de pobreza.»

«No debemos entregar las recursos naturales, esa riqueza de la nación, por un plato de lentejas. No debemos abrirle paso a formas de crecimiento económico que terminarán empobreciendo al país,» planteó Puig en unas declaraciones escritas.

Entiende Puig que «desde este el punto de vista, la República Dominicana estará enviando una mala señal a nivel internacional en momentos en que el gobierno del presidente Fernández realiza ingentes esfuerzos para recuperar el crédito externo y la credibilidad a nivel internacional.»