Hoy 
La “hipodérmica” con fluidez de recursos para inyectarlos al debilitado “Poder” Municipal podría estar disponible pronto con una modificación a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos ya aprobada por el Senado para ser puesta de urgencia en la agenda de la Cámara de Diputados. Un avance institucional imprescindible para garantizarle limpieza y salud al país y pagar una deuda con la sociedad que en pleno siglo 21 permanece con poca capacidad para librarse de desechos. La debilidad financiera de los gobiernos locales es lesiva. Reciben mutilados por el Poder Ejecutivo los recursos que constitucionalmente les corresponden en función de su estatus autonómico más simbólico que real. Menores porcentajes presupuestales para responderles como Dios manda a sus comunidades. Coincidimos con quienes desde una arraigada visión municipalista entienden que fortaleciendo el fideicomiso correspondiente se crean las bases para la sostenibilidad integral de los servicios de aseo urbano prometida por el presidente Luis Abinader. La vigencia de esta alternativa dirigiría cerca de cuatro mil millones adicionales a los cabildos además de crear un marco favorable a los entes edilicios en sus relaciones con las distribuidoras de electricidad.
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Nunca se dice, pero en el desglose de las causas de la limitación de ingresos que golpea a las EDES aparecerían muy probablemente unos ruinosos déficits de caja por la insolvencia generalizada de las alcaldías sobre cuyos hombros recae garantizar la iluminación de calles a nivel nacional. La mano oculta del propio Estado –responsable indirecto del no pago de luz por mantener débiles las finanzas municipales- aparecería detrás de la inmensidad de los pasivos que gravitan sobre el sistema eléctrico. La morosidad y fraudes masivos de consumidores y las ineficiencias que tienen disminuidos los cobros por energía servida no son los únicos malos de la película. El recortado alcance de los servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos a nivel nacional no cesa de ser una amenaza a la salud colectiva.
