Aunque es probable que un atento observador de la realidad nacional habría llegado a la misma conclusión, resulta desalentador leerlo en el informe anual del movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, según el cual en el 2024 que ya agoniza la lucha contra la corrupción experimentó una preocupante ralentización. Y de inmediato señaló las razones de ese estancamiento, así como los responsables de que se haya hecho tan poco o casi nada: la inacción de los organismos de control que se considera fundamentales, como lo son la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Ética, el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República.

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PC también señala en su informe la demora de los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción pública, que califica como uno de los problemas mas graves del año, debido a que los juicios de fondo estuvieron marcados por constantes retrasos y reenvíos derivados de estrategias y aplazamientos sin justificación aparente, lo que obstaculizó el avance hacia la justicia.

Nada indica, sin embargo, que esa situación vaya a cambiar ya que la incidentalización artera y viciosa de los procesos, de lo cual el caso Medusa es un ejemplo elocuentemente dramático (la audiencia preliminar fue aplazada ¡94 veces!), ha sido una estrategia exitosa que de reenvío en reenvío apuesta a la extinción de los procesos penales y un final feliz para sus clientes. Tampoco parece claro que de cara al 2025 al que le veremos la cara en unos cuantos días los órganos de control a los que alude en su informe el movimiento cívico vayan a cambiar su ritmo de trabajo, o que de repente sus miembros se armen de la voluntad política necesaria para hacer lo que les corresponde hacer.

Y ese no es un buen augurio para mirar hacia un nuevo año y los afanes que traerá, aunque por el poco interés que despierta en la población la lucha contra la corrupción cualquiera diría que eso no le quitará el sueño a nadie.