Después de lo que pasó con el nombramiento de Carlos Pimentel como Director de Alianza Público-Privada, que levantó una polvareda de críticas que lo obligaron a renunciar días después, y de todo el alboroto que se armó con la decisión del Intrant de limitar la vigencia de las licencias de conducir de las personas mayores de 65 años, a la que también hubo que darle marcha atrás, mucha gente está mirando con lupa cada decisión del Gobierno y no solo en la oposición, a la que no se puede culpar si aprovecha esos ruidosos tropezones para sacar capital político.

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Tropezones que de manera sorprendente vuelven a ser motivo de controversia y cuestionamientos en la opinión pública, como es el caso de la circular del MAP instruyendo a los organismos gubernamentales a recopilar los datos sobre el cumplimiento del pago de servicios públicos, como es el caso del agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado. Tan pronto se dio a conocer encontró el rechazo de la comunidad jurídica, que considera que carece de base legal y viola el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución, que parece necesitan leer con mayor atención en el Gobierno.

La resolución del MAP, que según Sigmund Freund tiene por objetivo conocer el perfil de consumo de los funcionarios y promover el pago de los servicios públicos, también cayó mal entre diputados oficialistas, que opinaron está fuera de contexto, que viola la privacidad del servidor público, y que ningún empleado está obligado a cumplir con el requerimiento.

Sospecho que a medida que pasen los días aumentarán los rechazos y las críticas, a las que ayer se sumó Rafael -Pepe- Abreu, presidente del CNUS, por lo que no me extrañaría que el presidente Luis Abinader, que hace poco declaró que su capacidad para rectificar es una señal de fortaleza, vuelva a encender la maquinita de recular y disponga dejarla sin efecto junto a las buenas intenciones que la inspiraron.