A pesar de su extraordinaria importancia por tratarse de los mayores casos de corrupción que registra la historia dominicana, los procesos contra exfuncionarios de los gobiernos del PLD a los que el Ministerio Público acusa de estafar y defraudar al Estado con miles de millones de pesos reciben muy poca atención de la población en sentido general, que vive sus afanes día a día y muy ajena a lo que está pasando en los tribunales de justicia. Y no toda la culpa es de los abogados defensores de los imputados, que han conseguido imponer, a base de incidentes, el paso lento de la tortuga a los distintos procesos, ya que el órgano acusador se ha complicado la vida a sí mismo, y de paso a todo el sistema de administración de justicia, debido a los voluminosos expedientes que instrumentó y la casi inverosímil cantidad de imputados que incluyó en cada uno de los procesos.

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Es por eso que leer sobre los reenvíos y aplazamientos de las audiencias es cosa cotidiana y normal, mientras nuestras vidas continúan su agitado curso de sobresalto en sobresalto, bien sea para evitar que los legisladores nos metan por debajo de la mesa un Código Penal mostrenco, atrasado y negador de derechos, o simplemente tratando de sobrevivirle al caos del tránsito y la furia suicida de los motoristas.

Pero aunque sea a tropezones los procesos avanzan, como avanzan también, y de manera paralela, las diligencias que realiza un equipo integrado por más de cuarenta abogados que trabajan para recuperar el patrimonio público que se llevó entre las uñas la corrupción. Ese equipo de abogados persigue que el Estado sea resarcido con más de 60 mil millones de pesos, a través de los 23 casos que se ventilan en la justicia. Eso nos da una idea de las dimensiones del saqueo, de la cantidad de dinero público que fue a parar a los bolsillos equivocados, razón suficiente para que le prestemos un poco más de atención a los casos de corrupción y lo que ocurre en los tribunales.