La legitimidad del gobierno se cristaliza a través de los mecanismos de veeduría social de las políticas públicas, o lo que se describe como la acción del Estado para la solución de problemas que tienen un carácter colectivo. Además, la gobernanza y una gestión pública moderna deben promover la capacidad de los ciudadanos para participar en el análisis y evaluación de las políticas públicas.

Es por esto, que consideramos relevante que los ciudadanos puedan decir si determinada política del Estado les ha beneficiado o perjudicado, si la acción pública significa para ellos mejoras en su calidad de vida, o también, si pueden calificar de eficiente, inoportuna o altamente eficaz determinadas políticas públicas.

Para esto proponemos un modelo para el análisis y vigilancia de las políticas públicas, aquel que toma en cuenta y coloca en la primera línea al ciudadano y lo involucra en la evaluación de la acción u omisión del Estado.

En su obra titulada análisis y gestión de políticas públicas (2008) Subirats, J., Knoepfel, P., Larrue, C., &Varonne, F. proponen un esquema analítico para estudiar de forma empírica las distintas políticas públicas desde la realidad de diferentes países europeos, en especial Suiza, Francia y España; también refieren su obra como soporte teórico para los responsables de la formulación, implementación y evaluación de dichas políticas.

Es relevante destacar que para el análisis de políticas públicas se debe procurar que las respuestas e interrogantes fundamentales respondan al nivel de legitimidad, eficacia y continuidad o sostenibilidad de las acciones públicas. Esto se debe a que lo que hoy denominamos “nueva gestión pública”, implica la reinvención o modernización del Estado, lo cual debe incluir formas innovadoras y directas, menos encerrada en las instituciones.

A estos aspectos está relacionada la “gobernanza” de los asuntos públicos, donde se adoptan “nuevas visiones de defensa de lo público que postulan encontrar formas más compartidas socialmente de definir los intereses generales” (Ob. Cit. p. 7).

Por estas razones, la forma de análisis de políticas públicas que sugerimos adoptar es la propuesta por Subirats, la cual toma en cuenta tres características principales: 1ero. un análisis de las interacciones entre actores públicos y privados; 2do. un análisis en términos de problemas públicos; y 3ro. un análisis comparativo.

El análisis y gestión de las políticas públicas desde las interacciones entre los actores públicos y privados parte de la visión de que el sistema político administrativo debe ser “interpretado desde su influencia sobre la economía y la sociedad” (Ob. Cit. p. 8). Además, debe tomar en cuenta las instituciones existentes y las que estarían por crearse, por lo que, esta postura implica verificar los servicios que se prestan a los ciudadanos de manera efectiva.

Desde este punto del análisis de las interacciones entre los actores públicos y privados es menester entender las políticas públicas desde las interrelaciones que se producen con la acción pública del Estado para examinar las instituciones públicas con sus oportunidades, obstáculos, y lo que estas representan para los actores de las políticas públicas.

Todo lo anteriormente expuesto quiere decir que se trata de estudiar el Estado en acción y sus actores, tanto públicos como privados, en distintos ámbitos de intervención y los recursos que estos utilizan; hablamos de una combinación entre actores (públicos y privados), recursos e instituciones.

Desde este nivel de examen se entiende que el análisis debe iniciarse observando “la actividad cotidiana de las administraciones públicas y el estudio de los servicios que generan, lo cual permite situar a los actores públicos en un tiempo y un espacio determinado y analizar la acción pública en ese contexto” (Ob. Cit. p. 9).

Esto permite determinar el contexto en que se desarrollan los mecanismos de veeduría social bajo la modalidad de identificar los espacios de participación y el contacto entre el Estado y la sociedad civil; pero además, los niveles de mediación entre estos actores públicos y privados, o lo que es lo mismo, la forma en que las relaciones entre ambos conlleva a la concertación de las políticas públicas.

Es por esto que las consideraciones en cuanto al análisis de políticas públicas desde esta perspectiva “pretende identificar ciertos fenómenos que se manifiestan de manera recurrente en las interacciones entre actores públicos y privados” (Ob. Cit. p. 9), lo que permite aplicar esta teoría al ámbito de la concertación que se produce entre los ciudadanos, los proveedores de servicios, las entidades públicas y los programas, en cuanto a la formulación de políticas públicas.

Por otro lado, el análisis y gestión de la acción del Estado en términos de problemas públicos aclara la postura de que el fin en sí mismo no lo constituye la mejora del funcionamiento del sector público, sino que es “uno de los medios que han de acabar permitiendo brindar servicios públicos de calidad” (Ob. Cit. p. 9). Esto se adapta a la necesidad de que lo relevante es verificar la mejora en la calidad de los servicios y su incidencia en la formulación de políticas públicas o su contribución para solucionar problemas colectivos.

En esta línea de pensamiento se trata de afrontar la acción pública desde la perspectiva de la legitimidad política y el análisis de políticas públicas desde los niveles de mayor eficacia de la intervención del Estado. Se debe ver quién gana y quién pierde con cada alternativa planteada, y de los efectos que tiene sobre los grupos sociales implicados en el problema.

En tal sentido, con estos planteamientos nunca se pierden de vista la mejora de los resultados y efectos de las políticas públicas, y no solo se toma en cuenta la optimización “recurso por recurso”.

Por último, un análisis de forma comparativa permite confrontar la calidad de las políticas públicas y su realización efectiva en diferentes instituciones y administraciones públicas, o lo que originalmente se llama “benchmarking”.Se sugiere comparar varias administraciones y políticas públicas para identificar los factores que generan éxito o fracaso en estas, y los efectos que pueden tener en distintos ámbitos y tiempos de aplicación. Todo esto permite que las instituciones públicas compartan sus experiencias y enriquezcan sus procesos de aprendizaje.

Al final, esto debe traducirse en buenas escuelas públicas, niños y familias sanas, empleos bien remunerados, atención a los ancianos, seguridad ciudadana, medio ambiente sano, agua potable, alimentación segura, ciudades vivibles, transporte eficiente, seguridad y protección social de amplia cobertura, vivienda digna, y todo lo que genere amplias libertades, igualdad y justicia social.