Los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, antecesores inmediatos de Luis Abinader en el Palacio Nacional, modificaron respectivamente la Constitución de la Republica conforme a sus intereses de grupo y objetivos personales. Mejía (2000-2004), entonces del PRD, para saltarse la norma que le prohibía repostularse introdujo la controversial trigésima séptima modificación a la Carta Sustantiva, la cual consistió en aspirar a dos mandatos consecutivos y “nunca jamás” volver. Perdió la reelección.

Fernández (1996-2000; 2004-12), entonces del PLD, provocó el mayor cambio constitucional de los últimos tiempos, que en opinión del abogado y politólogo Belarmino Ramírez, “fue el producto de un proceso reformador llevado a cabo de manera reflexiva, fríamente evaluado y pensado, en el que la ciudadanía tuvo una participación tan genuina y espectacular”.

Puede leer: En defensa de Julio Martínez Pozo

Sin embargo, esa reforma del 2010, alabada entre las mejores, terminó concediéndole a Fernández el control de las altas cortes y abriéndole las puertas a la repostulación indefinida, situación que afectaba la aspiración de continuidad de Medina para la elección del 2016, quien logró, un año antes, modificar nuevamente la Carta Magna dejándola como se encuentra hoy: dos periodos y nunca jamás, estilo estadounidense.

Ahora Abinader aspira a dejar su impronta en la Carta Sustantiva de la nación; acaba de ser reelecto para un segundo mandato consecutivo y ha jurado gobernar hasta el 2028. Con el 57 % del electorado, 145 diputados de 190, y 29 senadores de 32, más un extraordinario apoyo municipal, Abinader ha recibido el mandato directo de la población para realizar las reformas tantas veces prometida. El mandatario pretende introducir la cuadragésima modificación de la historia constitucional dominicana, relacionada esta vez al posible blindaje del estatuto legal mediante una disposición que impida a un gobernante modificarla con propósitos reeleccionistas, además de constitucionalizar el concepto “ministerio ´público independiente”, como un órgano del sistema de justicia al margen de la influencia partidaria y que no sea designado por el Jefe del Estado, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante el apoyo que disfruta, Abinader aspira a cerrar un pacto con los líderes de la oposición, Fernández y Abel Martínez, junto a las fuerzas económicas y sociales. No quiere apabullar, pero enfrenta la oposición firme del líder de la Fuerza del Pueblo, quien rechaza cualquier reforma y amenaza con lanzar a las calles sus fuerzas para impedirlo. Al respecto , el PLD se presenta indeciso. Pero si la oposición no pacta con el Gobierno, ¿qué hará Abinader? ¿Quedarse de brazos cruzados? Lo dudo.