Luego de la audiencia donde la República Dominicana y Haití expusieron su posición ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Permanente de ese organismo publicó las incidencias del encuentro. Aquí el documento íntegro:

«Consejo Permanente de la OEA reflexiona sobre decisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana y elevó presupuesto a la Asamblea General

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró hoy, a petición de la Misión Permanente de San Vicente y las Granadinas, la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana el 23 de septiembre, sobre el estatus legal de los inmigrantes al país y sus descendientes, durante una sesión ordinaria en la sede de la OEA en Washington, DC, en la que también elevó a la Asamblea General el proyecto de resolución del presupuesto de la Organización para 2014 y despidió al Representante Permanente de Paraguay, Martín Sannemann.

El Representante Permanente de Haití ante la OEA, Duly Brutus, señaló que su gobierno ha expresado sus preocupaciones más profundas en cuanto a las consecuencias negativas de la decisión del órgano constitucional dominicano, que afecta especialmente a su país, que cuenta con una importante colonia de inmigrantes en la República Dominicana.

El diplomático haitiano calificó de “verdaderamente alarmante” la posibilidad de que, como resultado de dicha sentencia, muchos ciudadanos, que hasta el 23 de septiembre de este año eran dominicanos, pudieran encontrarse, de un día para otro, sin nacionalidad y en condición de apátridas.

El Embajador Brutus llamó a los Estados Miembros a buscar una solución al problema y afirmó que «la Organización de los Estados Americanos ha estado siempre a la vanguardia cuando se trata de defender los intereses de los sin voz».

Durante el debate sobre el caso, Haití contó con el apoyo expreso de la Comunidad del Caribe (CARICOM), cuya portavoz fue la Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas, La Celia Prince. La Embajadora Prince, quien solicitó la inclusión del tema en el orden del día, afirmó que “este tema, un tema doméstico, nos interesa porque impacta directamente las vidas de otros seres humanos, ciudadanos de nuestro Hemisferio y, más específicamente, de nuestra diáspora”.

La decisión de la Corte, dijo la Embajadora, “les quita a decenas de miles de personas los derechos que han disfrutado desde su nacimiento y no se les da ningún recurso de apelación”, y luego argumentó que el fallo de la Corte violó la Constitución de la República Dominicana, e invocó la relevancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Por su parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, Ramón Pina Toribio, afirmó que “nuestro gobierno propugna y ha desarrollado siempre relaciones de profundo respeto y fraternidad para con las naciones hermanas, y muy en especial con la República de Haití”. “Queremos enfatizar que el Estado dominicano no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparadas por nuestras leyes ni como consecuencia de esta sentencia ni de ninguna otra”, sostuvo.

Agregó que “para garantizar que así sea, se ejercerá una tutela efectiva de esos derechos, de manera que se respete en todo momento el debido proceso. Asimismo, para optimizar los resultados, estamos en la mejor disposición de recibir el acompañamiento de los países y organismos internacionales que decidan apoyarnos en esta tarea”.

Pina Toribio recordó que los fallos del Tribunal Constitucional son en República Dominicana “irrevocables y definitivos. Constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

El representante gubernamental explicó que en 2005, la Suprema Corte de Justicia ya determinó que “los hijos de aquellos que no puedan justificar su entrada legal o estadía en el país no pueden beneficiarse de ese derecho”.

El Tribunal Constitucional concuerda ahora, continuó, con esa interpretación del artículo de la Constitución que afirma que “la nacionalidad dominicana se adquiere, entre otras formas, por haber nacido en el territorio de la República Dominicana, a excepción de los hijos de extranjeros residentes en el país, representación diplomática, o los que estén en tránsito en él”.

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, explicó que la Organización, a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió una comunicación sobre la decisión del Tribunal y recordó que la CIDH próximamente visitará República Dominicana para informarse in situ sobre el caso.

El máximo representante de la OEA destacó la “plena disposición de la autoridad dominicana” para recibir a la Comisión, e informó al Consejo Permanente sobre las conversaciones que mantuvo sobre la materia con el Canciller de Haití, el Presidente de la República Dominicana y el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, entre otros.

El líder de la Organización Hemisférica explicó que en el caso confluyen dos cuestiones. “Nadie puede verse privado de su nacionalidad, y por lo tanto hay un problema de derechos humanos.

Pero también tenemos un problema institucional. Esta Organización de los Estados Americanos se rige por la Carta Democrática Interamericana que, entre otras cosas, institucionaliza el Estado de Derecho y el respeto a la independencia de los poderes del Estado.

Y en este caso no cabe duda que ésta es una sentencia que ha sido dictada por una Corte Constitucional de un Estado en virtud de su propio ordenamiento jurídico interno. Yo creo que eso se enfrenta a través del sistema de derechos humanos, y por tanto, este tema es propiamente competencia de la Comisión y de la Corte”.

“Vamos a seguir en esto con la Comisión Interamericana consultando con el Consejo, haciendo todo lo que sea posible, y sin hacer ninguna gestión que signifique ruptura de diálogo”, aseguró el Secretario General, “porque tenemos que buscar una solución con el máximo acuerdo, la máxima apertura y la máxima buena voluntad. Eso ha sido y eso seguirá siendo la conducta de esta Organización”, concluyó el máximo representante de la OEA».