Líderes empresariales llamaron a las autoridades a mejorar las debilidades que afectan la seguridad jurídica, al considerar que perturba la atracción de la inversión extranjera y el crecimiento de las inversiones existentes.

Al respecto se pronunciaron el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Cámara Minera Petrolera (Camipe) durante el seminario “El impacto de la seguridad jurídica sobre la inversión extranjera en la República Dominicana”, organizado por la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad.

El presidente de la Asiex, Ramón Ortega, afirmó que la permanencia y crecimiento de las inversiones depende de la seguridad jurídica y la institucionalidad, la cual exige reglas claras, cumplimiento del debido proceso, eficacia del Poder Judicial y transparencia.

Agregó que la falta de transparencia e institucionalidad es el eje transversal que da pie a la inseguridad jurídica.

En su discurso, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó que se estima que entre el 10 y 30% de las inversiones se pierden a causa de la corrupción y por una deficiente gestión pública.

Agregó que el Índice de Competitividad Global 2014-2015 coloca la corrupción como el tercer factor más problemático para hacer negocios en el país. Además revela que República Dominicana está entre los primeros 15 países del mundo donde más fondos públicos se desvían y en la posición número 107 de 144 en el renglón de sobornos y pagos irregulares.

Crisis institucional. De su lado, Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del CONEP, afirmó que el país vive una crisis de desconfianza institucional que impide no solo la inversión y la existencia de un adecuado clima de negocios, sino que afecta la credibilidad misma del sistema democrático y refleja la erosión del régimen político-institucional del país.

“Esta confianza no será devuelta hasta que emprendamos un proceso en el que los líderes y actores políticos, económicos y sociales de la vida nacional se embarque en un proceso de diálogo y análisis para la implementación de medidas destinadas a fortalecer y rediseñar las estructuras y modelos actuales, que responda a la realidad de hoy y solidifiquen nuestros sistema político, que es la base para el desarrollo del país”, destacó.

Mientras, José Sena, presidente de Camipe, dijo que la falta de seguridad jurídica impacta drásticamente en el costo financiero de los proyectos de inversión en el sector minero, pero sobre todo eleva la clasificación Riesgo País haciendo muy costosos los pagos de pólizas, fianzas y de opciones de financiamiento.