El proceso de descomposición de la actividad partidaria tiende a confundir los entendimientos con actos de complicidad. Desafortunadamente, la tradición política exhibe un memorial de comportamientos validados por vía de las redes subterráneas estructuradas alrededor de una “razón” que no guarda proporción con los parámetros de decencia, pero andan amparados por el sentido de las conveniencias.
Lo único que explica el nivel de protección y tolerancia de Danilo Medina y su interés en mantener con oxigeno a Miguel Vargas Maldonado es el resultado de aquella postura sediciosa en el año 2012 que, desde el corazón del PRD, se orquestó una conspiración contra la candidatura presidencial y la respectiva retribución al entregar las siglas de la organización al sector minoritario, adicionándole el endoso formal en el 2016 desde el partido blanco. Antes, el tinglado trapero se podía intuir. Ahora bien, la formalización del entendimiento habilitó una protección que hasta el año 2020 genera la impresión de que todo es posible. Así, se exhibe un comportamiento que patea las reglas de juego institucional, dándole a la sociedad una señal de que la política derrota el ordenamiento legal. Y no es así!
Si desde el poder se conceden toda clase de favores, es entendible que la jurisdicción del agraciado termine en la frontera de los mecanismos de la administración gubernamental. Contratos, préstamos y licitaciones han servido de elemento seductor de una operación en la que organización se disminuye, y el administrador de sus siglas la rentabiliza en lo personal. Lo que no encuentra espacio para el análisis sensato radica en el trasfondo de una relación de sumisión caracterizada por reducir a simple caricatura un instrumento vital del sistema partidario, el PRD. En el interregno, lo obvio es que todos saben el carácter inviable de cualquier proyecto serio con Miguel Vargas, pero sus asociados de ruta reducen su relación a las ventajas derivadas de un rastrero criterio del reparto político.
Danilo Medina es el clásico dirigente que utiliza los secretos y administra las debilidades de una altísima franja de exponentes de la clase partidaria. Y siempre entendió la manera de tener a Vargas Maldonado de rodillas. Ahora, lo factible es hacer de las siglas del PRD el centro de cooptación del variopinto de potenciales conversos en capacidad de aumentar el número de pasajeros del avión reeleccionista, y en el toma y daca, el poder enfila sus cañones para que los mecanismos donde se debe decidir democráticamente el cuerpo directivo del partido blanco estén cercados por la aproximación y chantaje de funcionarios que actúan en la dirección de preservar a su aliado en una zona de comodidad.
Las dilaciones de la Junta Central Electoral (JCE) en aplicar la ley 15-19 numeral 18, el público activismo de magistrados constitucionales en procura de un bajadero favorable al actual canciller, exponentes de la comunicación adictos a la nómina y de militancia oficial y la conocida intervención de José Ramón Peralta y Jean Alain Rodríguez, previo a la sentencia 012-2019 del TSE, construyen un perfil de los elementos que caracterizan un tinglado deseoso de arrodillar todo componente de legalidad porque la verdadera lucha, más allá de los rostros enfrentados, radica en resistir a los que entienden que desde el poder todo se puede.
Creer que la sociedad puede validar una “convención” que, de manera ilegal, modificó la tradición interna concerniente a las competencias democráticas sustituyendo vulgarmente el derecho de las bases a elegir sus dirigentes, expresa el desconocimiento de una lógica social que no es posible engañar. Entender que los hechos se imponen sobre el derecho y que la politiquería impulsará una decisión en el TSE, retratan la naturaleza autoritaria de los arquitectos de las aberrantes modalidades que debemos derrotar. Así luchamos, no importa el protector ni el poder que tenga.