El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó ayer que es el momento oportuno para reformar la Constitución, a fin de fortalecer la institucionalidad y la gestión eficiente del Estado.

El funcionario llamó a los sectores políticos a la sensatez y a unirse a la propuesta de modificación del presidente Luis Abinader, quien busca robustecer los controles a los poderes del Estado y órganos constitucionales, hacer más eficientes los procesos propios de la administración pública y consolidar la democracia, con la mejora en el régimen electoral y el procedimiento legislativo.

Peralta dijo que está convencidos de que no hay ningún obstáculo para que la Asamblea Revisora se reúna y disponga los elementos propuestos y otros que sean sugeridos sobre la independencia de quien encabece la Procuraduría General y la despolitización de las altas cortes.

“Nosotros creemos que si existe la sensatez, la voluntad política y la disposición de los partidos políticos y los legisladores, no pasa nada si eso se hace en la República Dominicana”, expresó Peralta en una comunicación.

Según el documento, el consultor jurídico habló al participar en el diálogo en el Consejo Económico y Social (CES).

Las discusiones sobre la reforma a la Constitución se desarrollan desde el 2 de marzo pasado. Se esperaba que con esta octava reunión concluyeran los debates, pero se acordó otro encuentro para el miércoles próximo.

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Las propuestas

Peralta dijo que el gobierno dominicano ha estructurado una propuesta de reforma constitucional en nueve puntos generales, cuatro de los cuales ya fueron abordados en sesión de marzo las cuales fueron: Proceso de formación de leyes, Ministerio Público, Procuraduría General Administrativa y Consejo Nacional de la Magistratura.

Agregó que la agenda de este jueves incluyó la relatoría de las discusiones que sostuvieron con relación a los cuatro puntos ya señalados, y luego, los cinco puntos restantes:

Suprema Corte de Justicia y Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Régimen electoral, Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral, régimen de control de los fondos públicos, Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República; así como otras disposiciones transitorias.