Por Rosa Cañeta Alonso

Mientras desde la teoría o análisis político muchas personas cuestionamos el clientelismo, son pocos los que no lo demandan o lo utilizan en República Dominicana. Lo que a juicio de expertos juzgamos como un defecto del sistema democrático, la población lo demanda y el sistema partidario lo provee.

El clientelismo atenta contra un principio básico de la democracia, el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes de toda la ciudadanía. Bajo una lógica clientelar la garantía de derechos se convierte en la provisión de favores a cambio de apoyo político, limitando la calidad democrática y eficiencia del estado como garante de derechos.

Pero parece que la gente no piensa así, los datos de la Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023 son contundentes:

El 66% de la ciudadanía está de acuerdo con que si un familiar o amigo cercano gana un cargo político debe ayudarle a conseguir un empleo o un contrato público, es decir debe privilegiarle respecto de quienes no son cercanos.

El 80.4% de la población está de acuerdo con que si alguien gana un cargo político debe darle puestos de trabajo o contrataciones públicas a quienes le respaldaron

El clientelismo es una variable constante en la política dominicana y mucho más presente que en otros países de América Latina. En esta región, tan conocida por el peso clientelar de sus democracias, República Dominicana ha mantenido el primer lugar en el Índice de Clientelismo de V-Dem Institute durante 15 de los últimos 24 años.

Las razones son claras para ver al clientelismo como un problema, apunto aquí algunas:

El clientelismo es una práctica que erosiona profundamente el estado de derecho, la democracia y el sentido de derechos en la ciudadanía. Bajo esta lógica, las personas no se ven como ciudadanos con derechos sino como clientes que dependen de favores, relegando sus demandas de justicia a un segundo plano. Esta dinámica desvirtúa el proceso democrático: el voto deja de reflejar aspiraciones sobre el tipo de sociedad deseada o las políticas públicas preferidas, silenciando especialmente a quienes más necesitan ser escuchados.

Además, el clientelismo tiende a favorecer políticas de impacto rápido y beneficios inmediatos, dejando de lado las soluciones de fondo que atacarían las causas de la pobreza y la desigualdad. Estas políticas, a menudo cortoplacistas, aseguran la continuidad política de quienes las promueven, pero a costa de crear dependencia en lugar de empoderamiento ciudadano.

Otro efecto nocivo es la contratación de funcionarios públicos en función de su lealtad política, no de su capacidad profesional. Esto no solo resta eficacia a la gestión pública, sino que debilita la calidad de las políticas implementadas, poniendo en jaque la credibilidad del Estado y su capacidad de generar bienestar para todos.

Pero la gente sin embargo nos indica que para ellos sería reproblable que un familiar suyo no lo ayudara cuando está en el poder y más aún si se le apoyó en la campaña. Ayudar a los nuestros es visto como una virtud no como un defecto.

El clientelismo no es solo una cuestión de personas en situación de exclusión, sino que afecta también a los sectores de altos ingresos. Por ejemplo, el 69% de la población del 20% más rico del país plantea que si ellos apoyaron en la campaña de algún candidato y éste gana, entonces éste debería darles una contratación pública o un cargo.

El clientelismo parece que atraviesa toda la relación entre el estado y la ciudadanía, es una práctica fortalecida desde la dictadura trujillista y mantenida por todos los gobiernos posteriores. En la República Dominicana, la concepción del político como padre de familia encargado de cuidar a los suyos, es decir, de proveer soluciones individuales a los problemas ciudadanos, está profundamente implantada en el imaginario popular y muy vinculada al clientelismo. La relación entre los partidos y la ciudadanía está relacionada también en esto, la alta afiliación partidaria tiene un claro componente clientelar.

Además, en aquellos países donde se encuentra inacabada la construcción de un Estado capaz de producir bienes públicos que satisfagan necesidades básicas de su ciudadanía, es habitual la aparición de una sucesión de redes sociales interconectadas, cimentadas en vínculos familiares, afinidades políticas o de otro tipo, que garantizan la asistencia mutua de sus miembros, en paralelo al Estado y, en ocasiones, como sucede en los sistemas clientelistas, directamente desde el Estado.

Según los datos de la encuesta, los jóvenes de 18 a 29 años muestran menos inclinación a votar a cambio de favores, desmarcándose de la tradición clientelar.

Cuando una práctica está tan arraigada que se considera una virtud, pese a ser un defecto, enfrentarla se convierte en un gran desafío. Solo una alternativa que realmente mejore la vida de las personas logrará desplazar, a largo plazo, la práctica clientelar. Para combatir este sistema es esencial implementar programas que desvinculen el acceso a servicios, empleos o contratos de cualquier afiliación política o personal. La expansión de una carrera administrativa sólida, la provisión de servicios públicos universales y no focalizados, la eliminación de prácticas como el «barrilito» y el «cofrecito», y la penalización de las prácticas clientelares desde la justicia son algunas vías efectivas para enfrentar este problema. Aunque estas prácticas atraviesan y sostienen la democracia en el país, también están erosionadas.