Advierten posible desabastecimiento productos por entrada en vigor ley de residuos sólidos

La aplicación inmediata de la Ley 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), ha intensificado las preocupaciones del sector industrial dominicano, que alerta sobre impactos operativos, comerciales y de abastecimiento derivados, especialmente, de la prohibición a la importación de tapas plásticas sin certificación de biodegradabilidad.

En el mismo sentido, la industria farmacéutica expresó preocupación por las implicaciones de la normativa en el envasado seguro de medicamentos.

La directora ejecutiva de Infadomi, Patricia Mena, indicó que el sector valora los objetivos ambientales de la ley, pero subrayó que las tapas y componentes plásticos utilizados en medicamentos “no son plásticos convencionales”, sino insumos técnicos especializados diseñados para garantizar esterilidad, hermeticidad, estabilidad e inviolabilidad, incluyendo sistemas de seguridad infantil.

Mena explicó que estos componentes no se fabrican localmente y deben importarse bajo estrictos estándares regulatorios, por lo que cualquier restricción imprecisa puede afectar tanto la producción nacional como el abastecimiento de medicamentos importados.

Aunque la ley contempla excepciones para usos médicos, consideró que su redacción requiere mayor claridad para evitar incertidumbre en la aplicación práctica, particularmente en los procesos de importación y control aduanero.

“Es fundamental que los plazos se acompañen de medidas de transición realistas y técnicamente viables, que permitan adaptarse sin comprometer la disponibilidad continua de medicamentos esenciales para la población”, afirmó Mena, quien enfatizó el impacto directo que este tema tiene sobre la salud pública.

Mientras que, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sostuvo que ha mantenido una participación activa en el proceso de discusión de la normativa desde inicios de 2025, logrando que se corrigieran diversas disposiciones que, a su juicio, no se ajustaban a la realidad productiva del país. Entre esos cambios citó la reincorporación de la distancia mínima entre industrias y rellenos sanitarios, la eliminación de la obligatoriedad del uso de combustible derivado de residuos en la producción de cemento y la supresión de una disposición que imponía el uso exclusivo de tapas de polipropileno.

Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, señaló que la versión final de la ley aún deja “aspectos de profunda intranquilidad” para el sector industrial. Entre ellos mencionó el aumento de la contribución especial sin estudios técnicos que lo sustenten, una disposición que obliga a los generadores a entregar íntegramente sus residuos a gestores, en contradicción con el principio de separación en la fuente y, especialmente, la prohibición de importar tapas plásticas.

Según Pujols, esta última medida coloca en una situación “inesperada e inexplicable” a sectores clave como alimentos, bebidas, alcoholes y farmacéutica, al tiempo que contradice el fomento al ecodiseño que la propia ley promueve. 

Añadió que la disposición también podría entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por el país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) y el Acuerdo CARIFORO–Unión Europea.

“La realidad es que una parte importante de las tapas plásticas utilizadas por estos sectores no se fabrica localmente y debe importarse desde mercados como Estados Unidos y Europa. Una prohibición que entra en vigor en cuestión de días deja a la industria nacional sin alternativas viables”, advirtió Pujols, quien alertó además sobre el riesgo de afectación a la competitividad y un posible desabastecimiento de productos a partir del 16 de febrero de 2026, fecha en que comenzaría a aplicarse la prohibición.

Tanto la AIRD como INFADOMI coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo técnico e institucional con las autoridades para definir una hoja de ruta que permita gestionar la transición. El gremio industrial reiteró, además, la importancia de impulsar programas de educación y sensibilización ciudadana sobre el manejo de residuos sólidos, señalando que la solución al problema no puede recaer exclusivamente en el sector privado ni en el Estado, sino en una alianza público-privada acompañada de un cambio cultural sostenido.

La Ley 98-25 forma parte de los esfuerzos del Estado dominicano por reducir el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso. No obstante, actores del sector productivo advierten que su efectividad dependerá de la capacidad del sistema regulatorio para armonizar los objetivos ambientales con la realidad técnica y operativa de la industria nacional.