Lo que podría perder el país al excluir la cesantía

Al excluir la cesantía de la negociación de la reforma laboral, no solo se descarta un punto de agenda: se posterga, acaso sin advertirlo, el porvenir que ese debate podría alumbrar.

Más aún, quienes rehúyen la discusión desperdician la oportunidad de descubrir horizontes más favorables para su propia causa que aquellos que ofrece la cómoda inercia del statu quo. A veces, lo que se protege con celo termina siendo, en realidad, una frontera invisible para el progreso.

No son pocos los países que han comprendido esta tensión y han decidido reformar sus sistemas de indemnización laboral. El caso más reciente es el de Argentina, que no solo flexibilizó el pago de prestaciones —permitiendo su fraccionamiento en cuotas—, sino que además instituyó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una apuesta por una arquitectura más moderna del amparo al trabajador.

Uno de los primeros hallazgos que podría emerger de este debate es que el principal problema de la cesantía ya no reside en su elevado costo para las empresas. En un mercado laboral cada vez más dinámico, la creciente rotación ha ido aligerando esa carga.

La lógica es simple: la rotación interrumpe la acumulación de antigüedad. Cuando los trabajadores cambian de empleo con mayor frecuencia, las relaciones laborales se acortan y, con ellas, los montos indemnizatorios. Así, aunque se pagan más cesantías, estas son de menor cuantía, y el costo promedio por trabajador disminuye. El otrora temido “pasivo laboral oculto” se vuelve más liviano, casi etéreo.

Dicho de otro modo, en contextos de baja rotación la cesantía se asemeja a una deuda grande y diferida; en escenarios de alta movilidad, en cambio, se transforma en un costo corriente, más cercano al pulso cotidiano de la empresa.

Y todo indica que esta tendencia persistirá. La rotación laboral no solo responde a factores económicos, sino también a un cambio de mentalidad: el trabajo ha dejado de concebirse como permanencia para asumirse como tránsito. Cuando el empleo se vuelve camino y no estancia, la cesantía deja de ser herencia y pasa a ser, apenas, un gesto de despedida.

Sin embargo, en el trasfondo de este debate laten dos temas que aún no han cobrado la fuerza que merecen. Por un lado, la protección resulta insuficiente para los trabajadores sometidos a alta rotación. Por otro, el sistema de indemnización carece de un sostén financiero robusto —un fondo capitalizado— que, además de proteger, contribuya al ahorro nacional.

Para la República Dominicana, el dilema no es menor. La alta protección de los trabajadores con baja rotación podría encarecer la transición hacia un esquema basado en fondos capitalizados.

No obstante, la experiencia internacional ofrece salidas intermedias. Chile, por ejemplo, combinó cuentas individuales con un fondo solidario, distribuyendo así el peso del financiamiento. Austria, por su parte, optó por un modelo en el que el trabajador no retira los fondos al cambiar de empleo, sino al final de su vida laboral o en circunstancias específicas, evitando que el ahorro se disipe en cada transición.

Estas experiencias sugieren que, si la rotación continúa en ascenso en la economía dominicana, cualquier fondo capitalizado deberá diseñarse con cautela: limitando retiros frecuentes, exigiendo aportes adecuados o integrándose con mecanismos solidarios, para no derivar en indemnizaciones inferiores a las actuales.

Son desafíos ineludibles. Pero no deberían convertirse en excusa para eludir la discusión. La reforma laboral en curso representa una oportunidad singular para repensar y fortalecer el sistema de protección al trabajador. Porque lo que no se discute no desaparece: se transforma, silenciosamente, en una oportunidad perdida —incluso para quienes temen escucharla.