Carlos Pimentel advierte sanciones penales por fraude en contrataciones públicas

El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que por primera vez desde la creación de la Dirección General de Contrataciones (DGCP) en 2006, la institución ha remitido casos a la Procuraduría General de la República y ha procedido a suspender registros de proveedores vinculados a funcionarios en régimen de incompatibilidad.

Durante una entrevista este miércoles en el programa Uno+Uno de Teleantillas, Pimentel explicó que la medida busca garantizar el cumplimiento de la ley y la transparencia en los procesos de contratación pública.

“Nunca, desde su surgimiento en el 2006, la Dirección General de Contratación había llevado un caso a la Procuraduría. Ahora lo hemos hecho, porque un funcionario que conoce de una ilegalidad está en el deber de llevarlo a la autoridad competente”, expresó.

Más de 300 registros suspendidos

El titular de la DGCP reveló que se han suspendido más de 300 registros de proveedores pertenecientes a senadores, diputados, ministros, directores, alcaldes, regidores y vocales. La suspensión, aclaró, no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva en cumplimiento de la normativa vigente.

“Un regidor, un vocal o un funcionario no puede contratar con el Estado. Si lo hace, está en incompatibilidad. Y si bajo maniobra fraudulenta trata de ocultar para contratar, la nueva ley establece sanciones penales inmediatas”, puntualizó.

Nueva Ley de Contrataciones

Pimentel destacó que la nueva Ley de Compras y Contrataciones incorpora mecanismos para detectar y sancionar maniobras fraudulentas, incluyendo la posibilidad de imponer penas privativas de libertad en casos de ocultamiento o simulación de empresas para contratar con el Estado.

El funcionario mencionó ejemplos de situaciones detectadas, como el caso de un senador de la provincia María Trinidad Sánchez, vinculado a empresas del sector salud, y otros regidores con múltiples compañías.