Lucha contra la corrupción
Desde Alexis Medina a Santiago Hazim, casos de corrupción ventilados en los tribunales en este 2025
Este 2025 no escapó al destape de los casos judiciales cuyo denominador común fue la corrupción
Desde que el presidente Luis Abinader llegó al poder, se han destapado varios casos de presunta corrupción administrativa.
Luego de pregonar desde el año 2020 que el país necesitaba un cambio, cinco años después, el presidente Luis Abinader predica constantemente no solo su lucha contra la corrupción administrativa (un flagelo que históricamente ha sido un cáncer en República Dominicana); ahora su discurso está dirigido a dejar claro que no permitirá impunidad mientras él esté dirigiendo el Estado.
Este 2025 no escapó al destape de los casos judiciales cuyo denominador común fue la corrupción, y que el combate se ha acentuado ahora en la gestión de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que ha reiterado en varias ocasiones que combatirá ese ilícito.
El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por Luis Abinader, juramentó a Yeni Berenice en febrero.
“La corrupción es transversal al desarrollo de los pueblos. Cuando se comete un acto de corrupción, fondos que deben ir a Salud Pública, no van; fondos que deben ir a Educación, no van; fondos que deben ir a Seguridad, no van. Entonces, ¿quién es la víctima de los actos de corrupción? La sociedad”, recordó recientemente Berenice Reynoso.
A continuación, mostramos los cinco casos de corrupción administrativa ventilados en el año 2025, algunos de los cuales no han finalizado.
Aunque en septiembre el caso conocido como Antipulpo acaparó una de las mayores atenciones mediáticas, por el acuerdo entre Maxy Montilla y el Ministerio Público, un mes antes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una condena de 7 años de prisión contra Alexis Medina Sánchez, uno de los principales encartados.
Alexis Medina Sánchez, condenado a 7 años de prisión, no acudió a lectura sentencia.
El fallo se produjo luego de más de seis horas de deliberaciones, y la lectura oficial de la sentencia estuvo a cargo de las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Sobeida Castillo y Yissell Soto Peña.
El caso Antipulpo involucró a varios exfuncionarios y empresarios acusados de presunta irregularidades en contratos públicos y presunto desvío de fondos.
Operación Coral y Coral 5G
Aunque las investigaciones de llamada operación Coral y Coral 5G comenzaron en 2021 y 2022, el proceso siguió su curso en los tribunales dominicanos durante 2025 con audiencias de juicio de fondo y decisiones sobre recursos presentados por la defensa.
Adán Cáceres, principal implicado en presunto entramado de corrupción conocido como Coral. (Foto de archivo).
En agosto, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó una solicitud para terminar el proceso por prescripción, reafirmando que el caso debe continuar pese a los retrasos procesales, con cientos de pruebas y múltiples implicados incluidos altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado.
El escándalo en Senasa
Uno de los casos de corrupción administrativa más reciente pero que causó gran impacto en la opinión pública fue del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En septiembre, el mismo presidente Luis Abinader dispuso que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, entreguen ante la Procuraduría General de la República un informe que trata sobre graves irregularidades detectadas en Senasa.
Santiago Hazim es el principal encartado en la denominada operación Cobra, con la que se desmanteló una supuesta red contra el Estado que presuntamente operaba en el Senasa.
El mandatario dispuso que el Ministerio Público le diera curso a las investigaciones. En su cuenta de X el gobernante enfatizó sobre el particular que tiene "muchos amigos, pero no cómplices", una publicación que generó un avispero en todo el país y que sindica la gestión de Santiago Hazim, quien un mes después del envío del informe a la Procuraduría fue removido de su cargo por el Poder Ejecutivo.
Tres meses después, específicamente el 07 de diciembre, más de 20 fiscales auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron 12 allanamientos a miembros de una supuesta red de corrupción que afectó a la administración de riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivo-subsidiados del sector público con RD$15 mil millones, en una operación que el órgano acusador denominó como Cobra.
Por la ejecución del Ministerio Público quedó arrestado, también, el exdirector del Senasa y otras siete personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud. al grupo se le imputan cargos de "coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos".
Intrant
El segundo caso, más debatido, sonado y que causó indignación en la sociedad dominicana fue el del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrat), bajo la gestión de Hugo Beras.
En octubre del año 2024 se puso en marcha la operación Camaleón, pero no fue hasta durante todo el 2025 que se conocieron todos los detalles de las acusaciones, cómo operaba la presunta red, desde hace qué tiempo y cuáles eran los demás actores y empresas señaladas.
El brazo ejecutor de la Procuraduría dijo que la supuesta red de corrupción defraudó al Estado mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Otro de los procesados, además de Hugo Beras, fue José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.
Hugo Beras y Jochi Gómez en una de las audicencias del caso que se les sigue por supuesta corrupción en el Intrat, con la red semafórica de Santo Domingo.
También, Frank Díaz Warden, excoordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
Las respectivas medidas de coerción contra Beras y Gómez fueron varias de prisión preventiva a garantía económica. Este 15 de diciembre será la fecha cuando se inicie el juicio preliminar.
Operación Lobo
Entre los encartados en la denominada operación Lobo hay militares y civiles.
Otro de los inicios de julio, el Ministerio Público puso en marcha la denominada operación Lobo contra una presunta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El órgano acusador aseguró que la supuesta red extendió sus garras contra el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), y que esos sobornos sobrepasan los 100 millones de pesos.
La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago. A todos los encartados, que incluye militares y civiles, se les dictó prisión domiciliaria.
Esto se dio pese a que el procurador adjunto, Wilson Camacho, dijo que eran irrefutables las pruebas presentadas al tribunal, las cuales incluyen documentación financiera precisa sobre cada transacción vinculada a los sobornos.
El acuerdo de Maxy Montilla
Fue uno de los casos más sonados de los últimos años, pero lo que sucedió en septiembre del 2025 provocó que el tema se mantuviera en la palestra por varias semanas y despertada la atención de la opinión pública. Muchos aplaudieron el sistema de justica, otros no escondieron sus críticas y cuestionaron cómo algunos casos se resuelven con compensaciones económica.
Maxy Montilla llegó a un acuerdo con el Ministerio Público.
Se trata del acuerdo al que llegó el Ministerio Público con un cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Gerardo Montilla, o como popularmente se conoce, Maxy Montilla.
El pacto involucró también a un grupo de sus empresas que aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
La decisión llevó a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a Edeeste, Edesur y Edenorte en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus presuntas acciones. El caso se circunscribió en la denominada y reconocida operación Antipulpo.
Gavilán
En agosto del 2025, el órgano persecutor desmanteló una supuesta red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías, que tenían una presunta estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Encartados en la operación Gavilán
Un equipo de fiscales, en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
En los allanamientos fueron arrestadas 12 personas, incluyendo a un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un expolicía. La operación fue denominada Gavilán y a finales del mismo mes un tribunal condenó a 13 de los procesados con hasta 10 años de prisión.
