“El crimen organizado desarrolla un poder económico y político”

La globalización erradica las fronteras físicas y políticas, especialmente en la Unión Europea, donde la libertad de movimiento y capitales favorece a todos los ciudadanos, pero también beneficia el crimen y la delincuencia porque les permite escapar de la justicia con gran facilidad.

Así lo afirmó Carmen Demelsa Benito Sánchez, catedrática de la Universidad de Deusto, España, durante su ponencia “Corrupción administrativa: Un fenómeno transversal en las dinámicas del crimen organizado” en la clausura del “Primer Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción: Desafíos y Oportunidades en RD y la región”, realizado durante dos días por el Ministerio Público.

En su intervención, la doctora en derecho penal manifestó que en esta era globalizada aparecen dos factores en las relaciones políticas y económicas que también son protagonistas de la corrupción. “Por un lado las grandes corporaciones y empresas con un poder asimilables a los Estados y tienen esa capacidad para influir en las personas que ocupan el poder y, como nuevos actores, aparece también todo ese núcleo de organizaciones internacionales".

Ambiente criminógeno

A su entender, la corrupción globalizada está vinculada al crimen organizado con efectos directos sobre la democracia y los estados de derecho.

Explicó que la empresa debe responder de alguna manera porque genera ese ambiente criminógeno para el pago de los sobornos. “En la estrategia contra la corrupción, además de las medidas de prevención y de castigos, están las ganancias al delincuente, es por ello que el foco se tiene que poner en la recuperación de esos activos y en lo que hacemos con el dinero recuperado”.

Benito Sánchez, experta en el estudio del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, reiteró que es importante la cooperación internacional centrada en la construcción de espacios judiciales y policiales.

Día Mundial de la Anticorrupción

Recordó que hace más de 20 años la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, en su lucha contra la corrupción, proclamó el 9 de diciembre como el Día Mundial de la Anticorrupción, con el fin de aumentar la sensibilización en todos los actores encargados de perseguir y sancionar estas malas prácticas.

RD tiene más de 80,000 abogados

En la República Dominicana en el sistema acusatorio, lo ideal sería que el 90% de los casos terminen en un acuerdo porque estructuralmente en este país no se dan soluciones tempranas. “Nos mantenemos en un juego de ping pong, es decir, tenemos que entrar en la fase de revisión de las medidas, pero también, hasta hace poco, vivíamos ordenando nuevos juicios”, afirmó Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, en el panel “Políticas de negociación en el marco de los procesos relacionados con la criminalidad organizada”, el cual fue moderado por Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público.

En su intervención, Ángel Brito deploró que todo eso genera la imposibilidad de procesar los casos que llegan a la jurisdicción penal y de hacer viable ese ideal de la materialización de la justicia. “Los principales desafíos que hemos venido abordando, en conjunto con el Ministerio Público en el plan de optimización del proceso penal, es el ir habilitando estructuras que permitan que los acuerdos”.

Destacó que la República Dominicana tiene una alta cultura de litigiosidad y de alto deseo de estudiar derecho. “Porque ya tenemos más de 80,000 abogados en solo 48,000 kilómetros cuadrados, se puede dar cuenta de que nos embarca una cultura de litigiosidad importante y que ha impregnado en el tiempo”.

Criminalidad organizada

De su lado, Ramón Núñez, abogado y consultor experto, afirmó que la criminalidad organizada plantea mayores retos que los casos ordinarios. “Cuando los recursos son escasos y hay una gran cantidad de hechos que se presentan que tocan la puerta del Ministerio Público, lo que se impone es la racionalización del uso de los recursos en materia de crimen organizado”.

No obstante, explicó que eso no quiere decir que en materia de persecución de la corrupción se debe renunciar al juicio. “El juicio tiene una función pedagógica importante porque es la forma civilizada que ha construido la humanidad para dar una solución al conflicto en base a una afirmación de verdad”.

Acuerdos para desarticular redes

Finalmente, Daniel Alonzo, profesor de Derecho en Cornell Law School, exfiscal federal de los Estados Unidos especializado en corrupción, destacó que un ningún sistema penal eficaz y mucho menos un sistema de control de corrupción puede funcionar si el 95% de los casos terminan en juicios orales. “Es un desperdicio de recursos y es un sistema que no va a terminar con certeza ni eficacia”.

A su juicio, con los acuerdos se pueden desarticular redes completas, “que es la meta de ustedes; lo más importante en el compromiso de cualquier sistema de anticorrupción o delincuencia organizada es desenredar una organización entera y tratar lo más posible de imputar y lograr condenar a todos los delincuentes”.

El evento, que se desarrolló en el hotel Catalonia, contó con el auspicio de la embajada de Estados Unidos y la cooperación de Alemania y España.