Cuando declarar cuesta la vida: casos de testigos asesinados en República Dominicana

El Informe con Alicia Ortega reveló un patrón alarmante: testigos clave en procesos judiciales de República Dominicana están siendo asesinados o atacados antes de declarar, dejando a la justicia sin voces esenciales y a las familias en la incertidumbre.

En San Francisco de Macorís, el caso de Luis Gustavo Grullón estremeció al país. El joven fue asesinado a la salida del Palacio de Justicia, justo antes de testificar. Su madre denunció públicamente: “La fiscalía sabía que mi hijo estaba amenazado y no hizo nada para protegerlo”. El tirador fue identificado y detenido, pero la sombra de la complicidad persiste.

Otro episodio ocurrió en Santiago, donde Jesús Cabrera fue ultimado antes de rendir testimonio en un caso de sicariato. Su muerte dejó inconcluso un proceso que buscaba esclarecer vínculos criminales. Un abogado consultado por El Informe señaló: “El sistema protege al testigo solo dentro de la sala, al salir queda expuesto”.

En Santo Domingo Este, Brian de la Rosa sobrevivió a un atentado mientras se dirigía a declarar. Aunque logró escapar con vida, el ataque evidenció la vulnerabilidad de quienes se atreven a colaborar con la justicia. “Me dispararon para que no hablara, pero sigo vivo para contarlo”, relató en cámara.

El reportaje también recordó el caso de Neuri Suero, asesinada en 2022 tras testificar en un litigio de propiedad. Su familia insiste en que las amenazas eran conocidas y que la protección nunca llegó. “Ella cumplió con la justicia, pero la justicia no cumplió con ella”, expresó un pariente.

Los antecedentes se remontan más atrás. En 2018, el ex capitán policial Cándido Medina fue asesinado luego de declarar contra colegas vinculados a actos ilícitos. En 2011, Antonio Rafael Fulgencio Lam murió en circunstancias sospechosas tras ser testigo en un caso de narcotráfico. Estos hechos muestran que el patrón no es nuevo.

El Informe subrayó que la Procuraduría General solo activa mecanismos de protección en casos de alto perfil, como el expediente Coral, dejando a la mayoría de testigos sin respaldo. “La protección selectiva es una forma de impunidad institucionalizada”, denunció Ortega.

La investigación reveló además vínculos de funcionarios con sicarios, lo que agrava la percepción de complicidad estatal. Expertos consultados advirtieron que mientras declarar siga costando la vida, la justicia quedará debilitada y las verdades inconclusas.

Familiares de las víctimas coinciden en que el silencio impuesto por la violencia fortalece a los criminales. “Cada voz que se apaga es una verdad que nunca se sabrá”, resumió una madre en duelo. El miedo se convierte en un arma tan poderosa como las balas.