Defensa de Santiago Hazim califica de desproporcionada la prisión preventiva de 18 meses

La defensa de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, implicado en el presunto entramado de corrupción administrativa que afectó a afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y que fue desarticulado mediante la Operación Cobra, manifestó este martes que no existen razones suficientes para mantener a su cliente en prisión preventiva por 18 meses.

“De primero, hay una excepción de inconstitucionalidad, porque hemos dicho que la prisión preventiva es racional y queremos ser coherentes con ese principio. No es proporcional hablar de 18 meses, cuando la misma ley habla de 3 meses como revisión y el Tribunal Constitucional ya falló. Nosotros estamos esperando que la Corte tome una decisión diciendo que 18 meses son muchos meses de prisión preventiva”, expresó Miguel Valerio, tras la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesar la audiencia en la que se conoce el recurso que interpuso.

Continuó: “En segundo lugar, ya en cuanto al fondo de la medida de coerción, evidentemente que es una resolución nula de pleno derecho y, como tal, nosotros estamos esperando que se varíe la medida de coerción”.

Asimismo, el jurista agregó que la salud del director de Senasa se ha deteriorado aún más tras permanecer en prisión.

“Ha reducido más de 70, 80 libras; sigue en la cárcel y, evidentemente, en su momento tendremos que hablar de una junta médica que diga si lo que estamos diciendo es verdad o mentira. Aunque ya el juez en primer grado comprobó mediante una resolución que él tiene esclerosis múltiple y nosotros vamos a seguir diciéndolo porque esa es la realidad”, pronunció.

Otros imputados

Además de Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera solicitaron al tribunal la variación de la prisión preventiva por una medida de coerción menos gravosa.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezan el procurador adjunto Wilson Camacho, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, están a cargo de las investigaciones que siguen en proceso.