Deudas y gastos que llevan a preocuparse por prioridades sociales

Faltaría poco por agregar a las suspicacias con la ejecución presupuestaria si el balance al año 2025 refleja que el Estado dominicano destinó más recursos al pago de intereses y capital por sus endeudamientos sin precedentes que a inversiones para la educación que es el renglón de más asignación por mandato contenido en la ley General de Educación 66-97 que le reserva el 4% del Producto Bruto Interno, meta que además no siempre se alcanza.

Al cierre del lapso anual anterior, los pagos por créditos contratados por el sector público no financiero representaron el 47.9% estimándose que al ámbito de la educación nacional solo llegó en el 2025 el 3.82% del PBI.

Se divulgó recientemente que el Ministerio de Administración Pública está encargado de aplicar un proceso de “reforma y modernización estratégica” con miras a mejorar la eficiencia institucional y los servicios aunque es poco probable que revierta la relación desnivelada que expresa que por cada peso invertido en educación RD$1.85 se dirigen a deudas pendientes.

En el marco de objetivos del Gobierno para el 2026 figura reducir pérdidas y fomentar las fuentes energéticas alternativas en coincidencia de un choque con la realidad: el 2026 ha comenzado con fallas que el Gobierno tardaba en explicar y que derivaron en un blackout nacional o apagón general sin que ningún fenómeno natural estuvieran haciendo colapsar el suministro, caso sobre el que el matutino Diario Libre comentó con agudeza:

“El sector eléctrico dominicano dista de accidente coyuntural y cae en lo sistémico. Un clavo oxidado en el zapato del desarrollo que impide caminar con firmeza hacia la modernidad que se proclama en foros internacionales. Podemos atraer centros de datos, hablar de inteligencia artificial y soñar con parques tecnológicos; pero si la energía falla, todo discurso se vuelve retórica a media luz”.

Al calor de lo ocurrido, al otro día de los hechos el periódico HOY reprochó editorialmente la desprotección del sistema energético advirtiendo que: “Ningún sistema energético debe carecer de capacidades para desconectar con rapidez el punto exacto que haya caído en desperfecto o nulidad para entonces garantizar que el resto de sus instalaciones pueda continuar en pleno funcionamiento”.

FALTA INVERTIR

A través de las entidades representativas del empresariado como el CONEP, se ha recomendado al Gobierno fortalecer la inversión pública y hacer eficiente el gasto pero a favor del crecimiento económico sostenido y aunque se elogia al Estado por dotar de más recursos a la educación, el liderazgo privado da a entender que ha faltado invertir en la calidad de la enseñanza como factor de justicia social. Se le reclama dirigir recursos a reformas que fomenten la formalidad y sostenibilidad de la paz social.

Hacia la misma dirección han ido recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, al Estado dominicano de poner énfasis en las inversiones tanto públicas como privadas, y no en el gasto corriente. Llamó a movilizar recursos hacia Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cree necesario poner énfasis en proyectos que reduzcan la pobreza al avanzar hacia la agenda 2030 de desarrollo y subraya la necesidad de más inversión para acelerar el cumplimiento.

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, opina que se asigna prioridad al gasto público corriente sobre la inversión productiva lo que limitaría el crecimiento económico y el perfeccionamiento de los servicios públicos. Considera insostenible aumentar el gasto financiado con deudas y ha propuesto cobrar impuestos con eficiencia y estimulación a la inversión privada.

POCOS RECURSOS

El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (Cedaf) describe el campo dominicano con escasa presencia de estructuras que el Estado aporte para la modernización tecnológica, mayor productividad y cultura de exportación promoviendo protección contra el cambio climático y culpando implícitamente al Estado de la ausencia en zonas de potencial productivo de fincas que funcionen como laboratorios de alta tecnología.

Orientándose a identificar factores que atan la zona rural a bajos rendimientos, la entidad menciona la ausencia o escaso uso de tecnologías cuya diseminación y vigencia no son posibles sin protagonismos estatales. Han faltado insumos y facilidades de riego por actuaciones de un oficialismo responsable que ayude a combatir sequías recurrentes, plagas y enfermedades que siguen causando importantes pérdidas a quienes trabajan la tierra.

Además, estima que sin inversiones del Estado para transferir técnicas de investigación e introducir tecnologías apropiadas en áreas de un tradicional desarrollo lento, la agropecuaria va a sucumbir por falta de capacitación para cultivar la tierra con rentabilidad y de comercializaciones asistidas por el Estado como inversión social para que los frutos de la ruralidad no sigan dando más beneficios al distribuidor que al productor .