Frenar violencia, prioridad sin demora entre otras urgencias

República Dominicana finalizó el primer cuarto del siglo XXI con importantes logros materiales y graves pérdidas espirituales, éticas y morales, con una larga lista de tareas pendientes que conduzcan al país hacia la institucionalidad y a una cultura de paz, contengan la extrema desigualdad, la delincuencia e inseguridad social, el generalizado irrespeto a la ley y desvalorización de la vida.

Transitamos el 2026, año que no debe transcurrir sin emprender tareas urgentes, una y otra vez anunciadas pero una y otra vez postergadas, acciones de alta prioridad como poner fin a decenios con una juventud frente al espejo de la corrupción y la impunidad, la acumulación voraz de riquezas ilícitas, saqueo al fisco, evasión de impuestos y lavado de activos, el dinero sucio del narcotráfico y de juegos ilegales que por más que se laven y se laven dejan manchas indelebles en la economía.

Tiempo propicio para dejar atrás la tolerancia, buscar una respuesta eficaz, efectiva, que frene los infanticidios, feminicidios y el asesinato de tantos jóvenes, el abuso sexual, maltrato y abandono infantil, desapariciones y las incesantes muertes en accidentes de tránsito.

Tareas pendientes que exigen un compromiso colectivo para evitar que la violencia siga estremeciendo el hogar, la escuela, el tránsito, todos los ámbitos. Para impedir que surja una nueva generación de jóvenes que opte por la delincuencia, inducidos por factores que la desatención agudiza preludiando un mal pronóstico en la evolución de la violencia en todas sus dimensiones.

Reclama educación, prevención, sanción penal y rehabilitación, acciones sistemáticas para contener las conductas machistas y delincuenciales, la criminalidad, el sicariato y complicidad con el narcotráfico, los “intercambios de disparos”, en su mayoría ajusticiamientos extrajudiciales que han dejado miles tumbas con el epitafio de presuntos delincuentes.

Miles de jóvenes, delincuentes o no, han sido asesinados con la anuencia de altos mandos al amparo de una política pública aplicada Gobierno tras ]Gobierno ignorando el mandato constitucional y legal.

Responsabilidad social.

Enfrentar la violencia social e inseguridad ciudadana demanda un compromiso compartido, una respuesta integral del Estado y toda la sociedad, deponer la apatía, la indiferencia de los sectores dominantes, políticos y empresariales que, aunque estudios diagnostiquen sus causas, dejan pasar decenios sin apenas rozarlas, sin combatir la violencia económica y la desigualdad social, una irritante violencia de exclusión mientras la ostentación de riquezas toma alturas que burlan la pobreza, mientras el ingreso de un 70% de los trabajadores no cubre la canasta básica, mientras la mayoría poblacional vive agobiada con estresantes privaciones, obnubilantes compromisos financieros.

Gobierno tras Gobierno se sigue a espaldas de los recomendados cambios estructurales, pese a ser testigos de que con programas centrados en la represión la violencia se torna incendiaria. Explosiona con hechos horrendos como los ocurridos en 2025, indetenibles feminicidios, infanticidios cometidos por una madre o un padre, asesinatos entre padres e hijos o hermanas, violaciones sexuales, crímenes espeluznantes que siguen ensangrentando al país en el 2026.

A la RD le urge la paz

Precisa transitar caminos hacia la paz individual, familiar y social, una paz que no llegará, como la experiencia ha demostrado, priorizando medidas represivas y aisladas acciones preventivas, coyunturales.

Los asesinatos aberrantes reclaman sacudir conciencias, mover a reflexión, a la acción, a la unidad en busca de aminorar la violencia, evitar crímenes espeluznantes, en ocasiones por nimiedades, que revelan el brote de una violencia interior, de una enfermedad mental, muchas veces ignorada, con frecuencia desatentida.

Han sido hechos dramáticos que llaman a asumir un proyecto con un enfoque multisectorial, que con firme determinación involucre al Gobierno central y municipal, partidos políticos, empresarios, iglesias, escuelas y universidades, gremios profesionales y sindicales, toda la sociedad.

Represión, “mano dura”, ha sido lo predominante, llevando al fracaso a los programas emprendidos por diferentes gobiernos, transcurriendo decenios sin que de manera efectiva se enfrenten las causas sociales, económicas, biológicas y culturales de las conductas violentas, acentuadas con la degradación moral y desintegración familiar, un mayor consumo de drogas psicoactivas y alcohol, sumado a la desatención de enfermedades mentales.

Depresión, ansiedad y otros trastornos mentales hacia los que últimamente se dirige la mirada estatal como posibles detonantes de la explosiva violencia, pero aún sin la atención gubernamental que su magnitud amerita. Por largos años han permanecido ignoradas, sin acceso a un sistema de seguridad social que ha devenido en rentable negocio financiero.

Prevención, educación.

El país necesita aplicar sin demora un programa intersectorial, sistemático contra la violencia, que incluya prevención, educación, aborde causas y efectos, que elimine los factores de riesgo, tal como han planteado psicólogos, psiquiatras, sociólogos y otros especialistas sobre este complejo fenómeno multicausal.

Es impostergable educar de manera sostenida en el hogar y la escuela, en todos los ámbitos hasta lograr una cultura de paz, una cultura preventiva, a la par que se realizan las transformaciones estructurales recomendadas. Aplicar un sistema que permita el desarrollo humano, un crecimiento económico más equitativo que no frene la movilidad social ni lance a los jóvenes a ilícitos medios de vida por falta de oportunidades.

Aplicar un programa que deje atrás la indolencia social, la tolerancia que otorga licencia para matar, que responsabiliza a quienes fomentan la violenciacontra la violencia, a quienes desde las redes sociales incitan con el “dale pa’ abajo”, convirtiéndose en cómplices del asesinato de presuntos delincuentes.

Salvo discursos, programas mal orientados y pactos que no se cumplen no se vislumbra la intención real de revertir esa situación con los cambios radicales que amerita. La esperanza se apaga con el paso del tiempo sin asomos de medidas que transformen un sistema deshumanizante, carente de oportunidades y un alto déficit en empleo digno, con enormes brechas en salud, educación y otros servicios como agua potable y electricidad.

Consecuentemente, proseguirá la perturbadora violencia doméstica y callejera, la criminalidad y la delincuencia, la inseguridad y desesperanza, la incredulidad en los políticos y en la democracia.

Finalizó el primer cuarto del siglo XXI sin que República Dominicana lograra un modelo de desarrollo con mayor equidad y justicia social, sin enfocarse construir una cultura de paz. Mucho tiempo perdido. Mas, nunca es tarde, aún es posible si tal propósito se asume como prioridad de prioridades.