Gonzalo Castillo fue determinante para dar al traste con estructura criminal

En su réplica a los pedimentos de nulidad absoluta del proceso e inadmisibilidad de la acusación hechos por la defensa de Gonzalo Castillo, el Ministerio Público afirmó ayer que la participación del exministro de Obras Públicas en el supuesto esquema de corrupción con el cemento asfáltico AC30, “fue determinante” para la investigación que dio al traste con la estructura criminal que habría operado también con la expropiación y pago ilegal de terrenos.

Indicó que sin la participación del exfuncionario en ese entorno donde alegadamente “se extorsionó y se realizaron pagos fraudulentos mediante la simulación de sociedades empresariales”, la investigación del MP hubiera sido humanamente imposible.

En su último intento por convencer al tribunal de que el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe ser enviado a juicio de fondo, el órgano acusador planteó que en el 2020 Gonzado Castillo habría recibido RD$3,812 millones producto de las expropiaciones de terreno y reconocimiento de deuda administrativa ilícitas.

Asimismo, dijo que a través del imputado Bolívar Ventura habría recibido unos RD$1,231,993,188, de parte de los exministros de Hacienda y administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, principales imputados en la Operación Calamar.

“Se utilizaron empresas de Bolívar Ventura que fueron beneficiada con libramientos de aproximadamente RD$2,185,489.000 asumidos como deuda administrativa por el Ministerio de Hacienda, de los cuales Ventura debía entregar una parte significativa, aproximadamente RD$1,231,993,188, a la estructura de promoción formada por los acusados”, señaló el Ministerio Público.

EXDIRECTOR DEL CEA

El MP refutó los argumentos de la defensa del exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo Macabe, que pidió al tribunal dictar Auto de “no ha lugar” a su favor, argumentando que éste no violentó ninguna ley en los procesos de expropiación de terrenos. El órgano de persecución sostuvo que el exfuncionario del CEA se habría beneficiado con alrededor de RD$59 millones con el negocio fraudulento de las expropiaciones de terrenos.

Afirmó que el exfuncionario, en violación a la ley, no realizó el estudio técnico previo que requería el Acuerdo Transnacional sobre Litis de Terrenos Registrados, Resolución Definitiva de Controversias y desistimientos de acciones o Litis sobre Derechos Registrados en las parcelas en Litis.

“No lo hizo porque la intención del acusado era estafar al Estado Dominicano para beneficiar a la estructura de corrupción a la que pertenecía, y a la vez, beneficiarse él a través de pago de sobornos por un monto aproximado de RD$58,949,290.44”, declaró la representante del MP a la la jueza Clariver Nivar, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá decidir, en base a los elementos probatorio de las partes, la suerte del proceso.

El Ministerio Público fue representado por la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales Elvira Rodríguez, Arolin Lemos, Rosalba García y Melbin Romero.