La violencia social y las diversas formas en que tiende a permanecer

Una serie de factores socioeconómicos, políticos e institucionales difíciles de neutralizar tiene que ser tomada en cuenta antes de celebrar el limitado, y quizás pasajero, descenso de la conflictividad social calculada en el país en 30% de los actos violentos por el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Australia, dato reproducido por el Gobierno dominicano para reclamar mérito. Se trata de un ente externo que sigue viendo a esta nación desafiada a fortalecer la seguridad ciudadana, con la mitad de las muertes trágicas a nivel nacional el año pasado ocurridas mayormente entre contertulios de vecindades a partir de ofensas y conflictos personales, como consecuencia de entusiasmos impulsados por el alcohol y por la más pavorosa tendencia en esta parte del Caribe al feminicidio casi siempre íntimo o como obra de pretendientes frustrados.

Si las crisis económicas globales son vistas por expertos en capacidad de insuflar la conflictividad social hacia diferentes direcciones, mueve a reflexión el pronóstico que para este año formuló la fundación Mapfre Economics a partir del vuelco en el tablero de riesgos internacionales causado por Estados Unidos con la imposición de aranceles que colocan al comercio mundial en incertidumbre. «Los altos niveles de deuda pública y privada» siguen siendo una amenaza para la estabilidad financiera mundial y por elevados niveles de endeudamiento de los Estados, trayendo a la memoria a República Dominicana.

Ocurre que sí: las devaluaciones monetarias y la combinación de estancamiento con inflación que multiplican el desempleo y erosionan el ingreso familiar tienden a repercutir en mayores descontentos sociales, protestas y exacerbación de tensiones. Crisis económicas globales como las ocurridas en el 2008 y a raíz de la pandemia tuvieron efectos devastadores en la vida de las personas y las sociedades con una República Dominicana que pasó a pasar por más horas de inactividad por los toques de queda que en labores productivas.

Frustración y resentimiento abaten a grupos sociales y abren espacio a la conflictividad cuando los puestos de trabajo y el poder adquisitivo se esfuman y entre las peores consecuencias de la falta de paz y disminución de la convivencia en los sectores más desfavorecidos figura la inclinación de jóvenes y adultos a comportamientos violentos y a que la criminalidad aumente. En algún momento del año pasado el centro de estudios Padre Juan Montalvo llegó a vaticinar una proliferación de reacciones agresivas en la población sobre todo en las áreas urbanas en las que predominan adolescentes que no estudian ni trabajan.

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IMPUNIDAD INFLUYE

En tratados de sociología se admite que la falta de castigo o de consecuencias para los actos delictivos ordinarios y en perjuicio del Estado pueden incentivar la criminalidad y la violencia en la población, ocurriendo lo contrario cuando las acciones policiales y de justicia aciertan regularmente en sus persecuciones y aplicación de sanciones desestimulando el delito. Se cree desde la ciencia social que existe una relación de causa y efecto entre la impunidad, el crecimiento del crimen y la conflictividad entre integrantes de la sociedad.

Se pone como ejemplo a la República Dominicana: una encuesta de cultura política aplicada por el propio Estado el pasado año reveló que el 51.4% de los dominicanos cree que la corrupción en el Gobierno aumentó durante los años 2022 y 2023. Y lo que es más contundente: el 63.3 de los encuestados sostuvo que el país está gobernado por grupos poderosos para sus beneficios.

Un descreimiento atribuible a que por más de cuatro años de encausamientos por la corrupción pasada con una efectiva desautorización al peculado desde el poder y desde el Ministerio Público, la cruzada para penalizarla ha tenido escasas derivaciones a sentencias de lo definitivamente juzgado. Se prefiere no creer en el futuro adecentamiento en el manejo de la Cosa Pública.

Alcohol y drogas

La sociedad Dominicana de Siquiatría muestra con regularidad preocupación por la crisis moral, la impunidad el aumento del consumo de drogas legales e ilegales y la creciente violencia en ámbitos de la comunidad. Se ha referido a consumos de estupefacientes y al microtráfico al que se ingresa como refugio para solventar adicciones. De hecho, y particularizando con el alcohol, desde otros análisis del comportamiento ciudadano las bebidas toleradas por la ley y la cultura están clasificadas como desencadenantes de la violencia social cuando se abusa de ellas.

Las organizaciones de la sociedad civil que asumen las tareas de prevenir los elevados consumos etílicos y la adicción de sustancias duras y que aplican programas de rehabilitación se manejan en atención a que el alcohol puede reducir la inhibición y aumentar la impulsividad, lo que llevaría a comportamientos violentos a algunas personas.

Algunas campañas preventivas de entidades públicas y privadas sostienen que existe una relación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia domestica con hombres que tienden a ejercerla contra sus parejas e hijos cuando están bajo los efectos del alcohol. Puede además exacerbar tensiones y conflictos en contextos sociales que conducen a peleas en bares, eventos públicos en general y hogares.

La cultura de tolerancia al consumo del alcohol se expresa en la falta de acción de mecanismos preventivos y de sanción a la venta libre de bebidas espirituosas, teóricamente restringida por edad. Ha faltado abordar el problema del consumo excesivo en busca de los factores que directa o indirectamente lo estimulan. Sería un buen comienzo concentrar atención en el alcohol como una de las múltiples causas de la violencia social.

SEÑALANDO CAUSAS

Para la antropóloga Tahira Vargas entre los factores que propician la violencia social en República Dominicana está el comportamiento social que acepta como normal el empleo de la violencia en la resolución de conflictos (lo que se manifiesta en linchamientos a supuestos delincuentes que los barrios aplauden). A su juicio además, han faltado programas de educación dirigidos a la población masculina para cambiar patrones de conductas machistas.

Ha sostenido que la sociedad dominicana ha interiorizado la violencia como forma de resolver conflictos tanto en la vida cotidiana con en las acciones de la Policía, la que a pesar de las reformas sigue operando con aplicación de represiones y complicidad con redes delictivas en vez de garantizar derechos.

Vargas también critica el fácil acceso a las armas de fuego como factor que influye en el aumento de la violencia. Considera que «La pobreza y la exclusión social, aunque no son las únicas causas, influyen en el aumento de la inseguridad y la violencia, especialmente en comunidades vulnerables. La violencia debilita el tejido social generando miedo, aislamiento y desmotivación para la participación ciudadana».

DIAGNÓSTICO CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) identifica la conflictividad social en América Latina y el Caribe como un desafío importante, señalando que «la región está inmersa en una crisis de desarrollo caracterizada por la baja capacidad para crecer, alta desigualdad, baja movilidad social y capacidades institucionales débiles. Estos factores contribuyen a la conflictividad social y a la inestabilidad.»

Otros aspectos propiciadores de la intensidad que en distintos países de la región cobra la conflictividad son: La falta de acceso a sistemas de protección social adecuados, especialmente para los hogares de bajos ingresos. Las capacidades institucionales débiles y la baja estabilidad política. La falta de confianza en las instituciones también contribuye a la conflictividad. Para la CEPAL, el aumento de la violencia y el crimen organizado son factores que exacerban la conflictividad social en la región.

Investigaciones in situ en países como República Dominicana convencieron a la CEPAL de que la conflictividad social en América Latina y el Caribe es un problema complejo con raíces en la desigualdad, la exclusión, la falta de protección social y la debilidad institucional. El desafío es hacer funcionar políticas integrales contra las causas estructurales de la conflictividad y que promuevan un desarrollo más inclusivo y sostenible.