OIT sugiere medidas para desafíos laborales región

Eddy Olivares, ministro de Trabajo, junto Gilbert F. Houngbo, director de la OIT.
La Declaración de Punta Cana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para las Américas, adoptada en el marco de vigésima reunión del 1 al 3 de octubre de 2025, advirtió que la región sigue enfrentando desafíos que exigen respuestas urgentes y que promuevan el trabajo decente, la sostenibilidad, la reducción de las brechas estructurales, y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
La posición indica que frente a un mundo del trabajo en transformación, impulsado por los avances tecnológicos, los cambios demográficos y la crisis climática, se reafirma el compromiso con transiciones justas que prioricen a las personas.
“Esto requiere fortalecer la formación profesional, la innovación productiva y el diálogo tripartito. La paz duradera sólo es posible sobre los cimientos de la justicia social, la inclusión laboral y la ausencia de cualquier forma de discriminación”.
Trabajo decente
El documento señala que entre las prioridades para una agenda regional por el trabajo decente y la justicia social están garantizar la protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.
También la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y un entorno de trabajo seguro y saludable.
Apunta que para avanzar en este propósito, es fundamental alinear la legislación laboral y las prácticas nacionales con las normas internacionales del trabajo, fortalecer la administración y la inspección del trabajo y garantizar un acceso ágil y efectivo a la justicia, junto con mecanismos sólidos para prevenir y resolver conflictos.
“Esto requiere potenciar las capacidades de las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de la ley y una inspección del trabajo moderna y eficaz”.
Inclusión
Otras de las prioridades planteadas en el encuentro de la OIT es promover un entorno institucional, económico y social que impulse un desarrollo inclusivo y sostenible, generando empleo pleno y productivo en pro del trabajo decente.
Para esto, apunta, se requiere políticas integradas de formalización, de fomento de empresas sostenibles y de apoyo a la innovación y la inversión privada; la adopción de nuevas tecnologías, mejoras en la productividad sistémica y competitividad de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) y su mejor integración en cadenas de valor, el fortalecimiento de competencias laborales, y la adopción de nuevos modelos productivos en un marco de trabajo decente para beneficio de los trabajadores, las empresas y la sociedad.
Además asegurar la protección social integral y sostenible a través de sistemas basados en los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, equidad y no discriminación, de la mano de políticas para la transición de la economía informal a la economía formal.
Igualmente avanzar en políticas públicas integrales para el respeto, la promoción y la realización del principio y derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable, mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos y diferenciados.
Asimismo, superar las brechas de competencias requiere modernizar los sistemas de formación profesional, promover políticas públicas integrales y alianzas público-privadas; facilitar la certificación de habilidades, y asegurar que la formación responda a las demandas reales del tejido productivo y promueva la inserción laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes y otras poblaciones marginadas.
Otras sugerencias son cerrar las brechas digitales es indispensable para garantizar un futuro del trabajo inclusivo. “El aprovechamiento de las transformaciones digitales debe enmarcarse en un enfoque de trabajo decente y en el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo garantizando condiciones laborales seguras y equitativas”.
También plantearon integrar la igualdad de género como eje transversal en todas las políticas laborales, impulsando medidas concretas para reducir brechas salariales y de participación, garantizar el acceso igualitario a formación y liderazgo y reconocer el valor del trabajo de cuidados.
Además avanzar con la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de conformidad con el Convenio 190.