Operación INTRANT
Paso a paso del proceso judicial contra Hugo Beras, Jochy Gómez y sus coimputados
El inicio del juicio preliminar contra los encartados suma tres aplazamientos

Imputados en la Operación Cobra
La jueza Yanibet Ribas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 16 de marzo el inicio del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochy), y otros implicados en la llamada Operación Camaleón, acusados de corrupción administrativa y crimen organizado.
A raíz de esta decisión del tribunal, tomada tras acoger la solicitud presentada por la licencia médica de Marino Feliz Rodríguez, abogado de la empresa Aurix, te presentamos una guía explicativa sobre el desarrollo del proceso y los pasos que se han seguido hasta el momento:
1. Denuncia inicial
Todo inició el 30 de octubre de 2023, cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó la suspensión del contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Transcore LATAM, S.R.L por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997 para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación.
En ese momento, la institución explicó que al analizar documentos del procedimiento Núm. ITRANT-CCC-LPN-2023-0001 y verificar los documentos recopilados con ocasión de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector se constató la existencia de los tres elementos que permitían la adopción de una medida cautelar de oficio.
La decisión implicó que las partes contratantes no podrían continuar la ejecución del contrato, como medida provisional, hasta tanto decidieran el recurso jerárquico presentado por la razón social ESC Group, S.R.L. y las tres solicitudes de investigación depositadas por Sistemas Integrados de Control, S.A. (SICTRANSCORE) y Ricardo Echandi; la razón social Transcor LP; Icontrol, S.R.L. y KAPSCH Trafficcom Dominican Republic.
2. Apertura de la investigación
Sin embargo, no fue hasta el 2 de octubre de 2024 que el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones relacionadas con la referida denuncia, puso en marcha la Operación Camaleón, mediante la cual se arrestó al exdirector del INTRANT, Hugo Beras; a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del INTRANT; a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT; y a Carlos José Peguero Vargas.
Contra el grupo, el Ministerio Público solicitó a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición del máximo de la prisión preventiva. Los acusó de integrar una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, ataques a infraestructuras críticas y robo de identidad.
3. Medida de coerción
Posteriormente, el 10 de octubre de 2024, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a los imputados Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochy) y Pedro Vinicio Padovani Báez.
En el caso de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, se ordenó el cumplimiento de arresto domiciliario, mientras que a Frank Díaz Warden se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante la justicia.

Hugo Beras, imputado en la Operación Camaleón
Por su parte, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas se le dictó cumplir como medida de coerción con una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza también admitió el pedimento del Ministerio Público de declarar el caso complejo.
4. Varían coerción
El 11 de noviembre de ese mismo año, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó la prisión preventiva que pesaba sobre Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochy) y Pedro Vinicio Padovani Báez, imponiéndoles como medida de coerción impedimento de salida del país, presentación periódica ante la justicia y garantía económica.
5. Tribunal otorga prórroga
En octubre de 2025, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a la Operación Camaleón.
El Ministerio Público explicó que la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.

Jocy Gómez, imputado en la Operación Camaleón
Se determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
6. Fijan fecha para conocer juicio preliminar
El 17 de noviembre se había programado el inicio del juicio preliminar contra los encartados; sin embargo, desde entonces, la audiencia ha sido aplazada en tres ocasiones.