En el presidencialismo extremo que caracteriza a nuestra democracia, producto de la inacabada transición de la dictadura omnípresente y personalista a la democracia plena y verdadera, no estamos acostumbrados a ver a un Vicepresidente (o Vicepresidenta) expresar una opinión contraria a la del Presidente, mucho menos si se trata de una decisión ya anunciada, lo que puede ser bueno o malo “a sigún” el color de cristal conque se analice, sin dejar fuera a la oposición que por sistema se opone a todo lo que haga o deje de hacer el gobierno.

Por eso han llamado tanto la atención de la prensa las declaraciones de la Vicepresidenta Raquel Peña sobre el plazo de 15 días otorgado por el presidente Luis Abinader a los funcionarios que no la depositaron a tiempo, so pena de ser suspendidos y eventualmente cancelados de sus cargos. “Si fuese yo no habría otorgado un plazo adicional para la presentación de la declaración jurada de bienes. Creo que el plazo ya estaba dado, y todos debemos ser responsables para cumplir con nuestra obligación”.

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Y tiene razón. Otorgarle un nuevo plazo a los remisos, cuando fueron indolentes para cumplir el que les otorga la ley, no es la mejor manera de corregir un comportamiento que, en el caso de las declaraciones juradas de patrimonio, han convertido en un relajo ese requisito, a lo que hay que añadir la falta de consecuencias para los incumplidores desde que se votó la ley.

Pasó con el marbete de la placa, que muchísima gente dejaba para última hora o simplemente se venciera el plazo confiada en la acostumbrada prórroga, que en realidad era un premio a los incumplidores. Hasta que no hubo más prórrogas, y ya todo el mundo sabe que el que no saque su marbete a tiempo se expone a que la Digesett lo multe o le quite el vehículo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la declaración jurada y al que no cumpla se le sancione de inmediato? El gobierno todavía está a tiempo, a pesar de la indulgencia presidencial, de acabar con el relajo.