Después de una jornada de agresión continua contra la Policía Nacional-PN-, la calma asoma. La cruzada que incluía competencia de insultos para descalificar al cuerpo del orden público, dependiente de la autoridad del Presidente de la República, está suspendida.

Luego de descubrir dónde anida la maldad dominicana y repetir, cada día, la necesidad de eliminar al enemigo, la preocupación ha desaparecido.

Es inexistente la consigna pidiendo la aniquilación de sus agentes.
El colectivo tiene otras urgencias, las redes descansan, los titulares cambian el apocalipsis por la resurrección.
Subrogado el mando, desplazado el director sin palabras para replicar, ocupa su espacio la mandarria.
A pesar de las peticiones, de las buenas intenciones aunadas, de presentaciones vistosas, halagos y apuestas rimbombantes, la fórmula sempiterna resurge. Bastó un decreto para aquietar y retornar al pasado.

El remedio, vilipendiado en el foro, pero celebrado cuando nadie graba o intercepta, es exhibido con satisfacción.
El coro aplaude delirante y duerme tranquilo, complacido con la solución urgente para incautos. Es una edición especial de Seguridad Ciudadana para Dummies.

La cháchara redentora no evitó la reivindicación del estilo Ludovino, que tuvo conspicuos representantes en el pasado reciente.

Mientras la vocería del “Grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la PN” -GTTPN- divulga la buena nueva que incluye tecnología, reglamentos y asesoría externa, el nuevo director general de la Policía Nacional propala, sin sonrojo, la tan anhelada “mano dura” y amenaza a “los malos”.

Son las contradicciones del momento encubiertas gracias a la complacencia mediática.
En 1999 los editoriales, discursos, comunicados, pedían, sin recato, “mano dura”. Entonces “la ola de la violencia” era atribuida a la presencia de “dominican yorks” en el país.

Mansos y cimarrones propiciaban la aplicación de la macana, del “dale pa bajo”. El método para la erradicación de la violencia fue el intercambio de disparos. La visión reduccionista del crimen auspiciaba la muerte de la marginalidad.
Hoy, el respaldo es similar, pero se manifiesta con menos descaro debido a las exigencias para guardar las formas. El disimulo es importante para sostener la narrativa.

El entusiasmo que concita la nueva dirección de la PN no impide reiterar, con absoluto desconcierto, que persiste la ausencia del Ministerio Público en la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana.
También está fuera del GTTPN. Lejos del estupendo tinglado que pretende conseguir la paz, mientras la reforma produce efecto y la mano dura actúa.

Extraña que la asesoría jurídica oficial no advirtiera la ilegalidad de la exclusión.
En “Limbo Jurídico y Contingencia”-CIB- publicado en este espacio- 12.04.2021- destacaba el desacierto.
Las disposiciones establecidas en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la PN son ignoradas. Es una derogación de la norma con respaldo y complicidad.

Si la privatización de la PN fue sospecha, extender la pretensión al MP sería atentar contra el Estado de derecho.
El Ministerio Público es el organismo responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. A su máxima representación corresponde dirigir esa política.
Los honorables comisionados no pueden suplantar al MP ni atribuirse sus funciones.